La compañía brasileña, involucrada en un 
gigantesco caso de corrupción en Brasil, construirá una represa que 
inundará poblados de Amazonas y Cajamarca, una extensión equivalente a 
tres veces San Isidro, y desplazará a mil personas. Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por su subsidiaria en Lima fue observado 
inicialmente por el Ministerio de Energía y Minas, pero luego fue 
aprobado a pesar de que no detallaba montos de inversión destinados a la
 reubicación de familias afectadas y a las evidencias de los impactos 
sobre la cuenca del Marañón y el Amazonas. Odebrecht tiene la concesión 
de otros proyectos hidroeléctricos en la zona.
El
 miedo tiene la forma de una gran inundación en la frontera de Cajamarca
 y Amazonas. No son las lluvias las que aterran a los ronderos y 
agricultores de la región nororiental del Perú, sino una gigantesca 
represa que sumergirá campos de cultivo, casas y escuelas de once 
poblados. En este remoto lugar de escarpados paisajes y montañas 
atravesadas por el caudaloso río Marañón, la compañía Odebrecht, 
involucrada en escandalosos actos de corrupción en Brasil, ha proyectado
 construir Chadin II, una megahidroeléctrica de 175 metros de altura que
 inundará 32 kilómetros cuadrados de una superficie equivalente a 10 
veces el tamaño del Central Park de Nueva York y tres veces el distrito 
limeño de San Isidro. Mil personas tendrían que dejar sus hogares en 
nombre de la imparable demanda energética.
Chadin II es uno de los 20 proyectos hidroeléctricos en la cuenca del
 río Marañón que en abril del 2011, apenas tres meses antes de que 
culminara su gobierno, el expresidente Alan García declaró de interés 
nacional a través de un decreto supremo. La norma se basaba en estudios 
técnicos de hacía más de 30 años y formaba parte de la entonces agenda 
gubernamental para priorizar la exportación de energía al Brasil. Sin 
embargo, fue en el gobierno de Ollanta Humala, que el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) otorgó a la compañía AC Energía –subsidiaria de 
Odebrecht creada en Lima en el 2012- la concesión definitiva y aprobó su
 Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
El embalse inundará 32 kilómetros cuadrados de una superficie equivalente a 10 veces el tamaño del Central Park de Nueva York y tres veces el distrito limeño de San Isidro.
En la cuenca del Marañón, además de Chadin II, Odebrecht tiene otros 
dos proyectos con estudios de impacto ambiental en marcha: Rio Grande I y
 II, con impactos ambientales y sociales irrreversibles, y cuyo 
embalse -de construirse- desplazaría a otras 3.000 personas.
Odebrecht es uno de los mayores y más polémicos proveedores del Estado: muchas de sus obras presentan cuestionados sobrecostos. Sus
 negocios en el Perú se remontan a 1979, pero es a partir de los 90 
cuando sus inversiones se incrementan. Desde entonces, han realizado 65 
proyectos: las centrales hidroeléctricas Charcani V (Arequipa), San 
Gabán (Puno) y Cañón del Pato (Ancash); el proyecto Chavimochic (La 
Libertad) y en los últimos años, el millonario y cuestionado proyecto de
 irrigación Olmos (Lambayeque) junto con el Metro de Lima. Además tiene 
en marcha la construcción del gasoducto surandino que recorre la 
amazonía de Cusco, atraviesa los Andes y llega a la costa del Perú; la 
extensión de la vía Costa Verde-Callao y otros tres proyectos de 
infraestructura portuaria.

Impactos. Hay 19 sitios arqueológicos que serán afectados. El EIA dice que serán protegidos, pero no hay presupuesto al respecto. FOTO: José Serra
LOS DESPLAZADOS
La megahidroeléctrica de la subsidiaria de Odebrecht afectará a la 
población de seis distritos (Chumuch, Cortegana, Celendín, Pisuquia, 
Ocumal y Cocabamba), ubicadas en tres provincias (Celendin, Luya y 
Chachapoyas) de dos regiones: Cajamarca y Amazonas. El punto débil de 
Chadin II -al margen de las protestas de las rondas campesinas y las 
agrupaciones locales de la zona- radica en su polémico Estudio de 
Impacto Ambiental, aprobado por el MEM en febrero del 2014.
En setiembre del 2013 el Ministerio de Energía y Minas realizó 161 observaciones al EIA
 de Chadin II, elaborado por la consultora AMEC Perú. El megaproyecto 
brasileño no detalla presupuesto para los impactos sociales, ni planes 
de prevención contra los impactos que el gran embalse tendría sobre el 
río y las comunidades indígenas amazónicas Awajún y Wampis, ubicadas 
aguas abajo y cuya dieta en proteínas depende en parte del río Marañón. 
Además, establecía solo un 0.25% de su inversión para planes ambientales
 cuando estándares internacionales, como los del Banco Mundial, 
recomiendan más del 3%.
Luego de analizar el EIA, José Serra, ingeniero eléctrico con 
experiencia en el desarrollo de centrales hidroeléctricas y en el 
impacto que estas generan, concluyó para OjoPúblico, 
que la empresa brasileña no contempló un presupuesto para la reubicación
 y adaptación de los desplazados con su nuevo entorno. Además, el 
presupuesto que Odebrecht previó para el manejo ambiental de Chadin II 
resulta también insuficiente. “Para este tema la empresa ha previsto 4,2
 millones de dólares (0.25% de la inversión total), pero si hacemos un 
cálculo de acuerdo a la mejor práctica del Banco Mundial, la inversión 
socioambiental mínima que debería hacer es de 58 millones de dólares, es
 decir el 3,4% de la inversión total”, coincide el ingeniero.

Rechazo. El área de influencia directa de Chadin II alcanza a seis distritos de Amazonas y Cajamarca. Ronderos y organizaciones locales rechazan el proyecto y demandan diálogo.
IMPACTO SOBRE BIODIVERSIDAD
Si se inunda gran parte de la cuenca, los impactos sobre la 
biodiversidad que alberga serán devastadores pues se interrumpirán los 
sedimentos que el Marañón arrastra hacia el Amazonas. “No sabemos cuál 
será el impacto de Chadin II y Veracruz [otra hidroeléctrica, pero en 
manos de la peruana Compañía Energética Veracruz, que se construye aguas
 arriba] en la población indígena awajún. Tampoco conocemos su impacto 
en la Reserva Natural Pacaya Samiria, de muy alta biodiversidad y 
productividad ictiológica”. Nada de eso, según Serra, se menciona en el 
EIA de Chadin II.
Los proyectos Rio Grande I y II inundarían un área de 38 kilómetros cuadrados, mucho más que Chadin II
Pedro Gamio, exviceministro de Energía, también cuestionó la 
construcción de hidroeléctricas con gigantescos embalses en la Amazonía.
 La impresión del exfuncionario del Estado y actual consultor en temas 
energéticos, es que con la desaceleración económica del Perú y la 
corrupción destapada en Brasil, la presión para seguir construyendo 
represas podría diluirse, aunque considera que insistir con la 
construcción de las 20 hidroeléctricas en el Marañón destruirá la 
cuenca, desplazará a cientos de familias y generará un nuevo conflicto 
para el país.
“Se han enviado cartas al gobierno, pero las quejas aún no son 
atendidas”, advierte Socorro Quiroz, integrante de la Asociación por 
Defensa de la Vida. Ella dijo que en las zonas afectadas viven más 
personas de las que identificó el Censo del 2007, fuente que cita y usa 
Odebrecht. También contó que en los últimos meses trabajadores de la 
empresa están ingresando a las comunidades sin autorización. “Tienen la 
concesión, pero no la licencia social. Aquí la mayoría no quiere la 
represa y menos de la mano con una empresa que tiene la reputación por 
los suelos. La gente aquí no quiere vender sus tierras ni ser reubicados
 porque su subsistencia depende de estos territorios”, dijo Quiroz.
Consultado sobre el tema, el representante de Odebrecht y gerente general de AC Energía, Erlon Arfelli, contó a OjoPúblico que
 según sus estudios no todas las 1.000 personas afectadas viven en las 
zonas que serían inundadas, “hay otras que tienen propiedades o 
posesiones pero no viven ahí, hay otras que trabajan, o alguna vez han 
trabajado en esa zona”. La reubicación contempla “distintas formas de 
compensación a los propietarios o posesionarios”, desde la compra de 
tierras, compra asistida o reasentamiento”, indicó el alto funcionario 
brasileño, quien aceptó que antes de iniciar la construcción de Chadin 
II se deberá llegar a acuerdos con la población local.
LOS OTROS PROYECTOS DE ODEBRECHT: RIO GRANDE I Y II
En Perú Odebrecht tiene cinco proyectos de hidroeléctricas en la 
cuenca amazónica, además de Chadin II: los proyectos Rio Grande I y II 
en el Marañón, Chaglla, en Huánuco (con su subsidiaria Empresa de 
Generación Huallaga y cuya obra es financiada por el BNDES- Banco 
Nacional de Desarrollo de Brasil) y tiene la concesión definitiva de 
Belo Horizonte (Compañía Energética del Centro que le compró a la minera
 Volcan en junio del año pasado).
Rio Grande I y II, también se desarrollan en el Marañón, pero están 
en una etapa distinta: tienen estudios de impacto ambiental en marcha, 
aunque desde ya se estiman consecuencias sociales irreversibles debido a
 que el embalse inundaría un área de 38 kilómetros cuadrados (superior a
 Chadin II) y desplazaría a 3.000 personas de la zona.

Sin paisajes. La hidroeléctrica embalsará las aguas del río Marañón y construirá una presa de 175 metros de altura. Foto: Rocky Contos
Un informe de la ONG International Rivers determinó el año pasado que
 si se construyeran las 20 represas promovidas por el expresidente 
García en el 2011 los embalses inundarían el 80% del río Marañón. Un 
reporte del Congreso del 2011
 estableció que las tierras que ocupan las comunidades nativas y 
campesinas en dicha cuenca representan el 27% de la superficie del área 
de influencia. El ingeniero José Serra reconoce la capacidad 
hidroeléctrica del Perú, pero sostiene que estas “no deben desarrollarse
 en zonas ubicadas por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del 
mar, nada en la selva baja”, para evitar daños ambientales severos.
El representante de Odebrecht declaró que dentro de unos 60 meses 
iniciarían la construcción de la hidroeléctrica. Una vez que “se 
terminen los estudios de ingeniería y se haga el cierre financiero del 
proyecto”, dijo. La tensión en el Marañón -río bautizado como “La 
Serpiente de Oro” por el escritor Ciro Alegría- es permanente. En los 
últimos meses alrededor de 20 ronderos han sido denunciados por 
secuestro luego de que detuvieran a trabajadores de Odebrecht en la 
zona. Los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo reconocen un 
conflicto por Chadin, pero advierten la ausencia de diálogo.
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