Rechaza al proyecto Conga.

¡ IMPONER EL PROYECTO MINERO CONGA SIGNIFICA ENTREGUISMO, SAQUEO, CORRUPCIÓN Y ATENTADO CONTRA NUESTRA SOBERANÍA !. ¡ EL PUEBLO DIGNO EN LAS CALLES OTRA VEZ, LA LUCHA ES EL CAMINO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE!

miércoles, 22 de junio de 2016

Evo: Un país sin soberanía y dignidad es una colonia



El presidente Evo Morales afirmó el martes que un país que no ejerce su dignidad y soberanía no es un país, sino una colonia de cualquier potencia.

“Un país que no ejerce su dignidad y soberanía no es un país, es una colonia de cualquier potencia”, escribió en su cuenta de Twitter: @evoespueblo.

El Jefe de Estado, además recordó que el presidente German Bush decía que no había llegado a asumir ese alto cargo para servir al capitalismo, a tiempo de resaltar su patriotismo.

Morales difundió ese mensaje después de participar en el 64 aniversario del Colegio Militar de Aviacion, ocasión en la que resaltó el compromiso de las Fuerzas Armadas en su lucha antiimperialista.

“Estar en cualquier acto de nuestras Fuerzas Armadas, para mí en especial siempre una fortaleza, siempre una inspiración por la patria, por el pueblo, siempre nos dan mucha fuerza para seguir sirviendo al pueblo boliviano”, afirmó.

Fuente: LibreRed

jueves, 9 de junio de 2016

PPK: perdió la dictadura pero ganó el neoliberalismo

La corrupción y el terrorismo de Estado de los años fujimoristas le bastaron a los peruanos para respaldar la candidatura de PPK contra el retorno de la dictadura de los noventa. Lo que no se tomó en cuenta es que el continuismo económico ya había triunfado desde la primera vuelta.


(Foto de portada: PPK como joven funcionario del BM en Estados Unidos, a inicios de los setenta. Foto del archivo personal de PPK)

Cuestionar el fujimorismo no es difícil en lo absoluto. Crímenes de lesa humanidad, remate de empresas públicas, violaciones de derechos humanos, quiebre del orden constitucional, nexos con el narcotráfico, ineptitud de sus candidatos y un largo etcétera. Es indudable que gran parte del voto obtenido por el ex ciudadano estadounidense Pedro Pablo Kuczynski proviene del miedo a Keiko Fujimori.

Los mismos sectores progresistas y de la izquierda que salieron a protestar contra la Ley Pulpín, contra el proyecto Tía María y contra el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) no dudaron en cerrar filas contra el fujimorismo votando justamente por el candidato que en su momento estuvo a favor de estos tres puntos, así como en muchos otras políticas privatistas. Es evidente que, en los próximos cinco años, podrán surgir más conflictos sociales cuando el gobierno impulse proyectos acordes a su política de libre mercado.

Chicago boy

Nacido en 1938, fue hijo de una maestra francesa, Madeleine Godard y un judío alemán que huyó de los nazis, Maxime Kuczynski, médico que dedicó su vida a combatir la lepra en la Amazonía brasileña y peruana. PPK vivió su infancia en Iquitos, pero estudió en el elitista colegio Markham de Lima. La secundaria la pasó en Inglaterra, donde luego estudió economía y política en la Universidad de Oxford, siempre becado, a fines de los cincuenta. Luego, en 1961, estudió una maestría en Economía en la Universidad de Princeton, Estados Unidos.

Empezó trabajando como practicante en el Banco Mundial en Estados Unidos, a inicios de los sesenta, donde rápidamente escaló posiciones. Este paso definitivamente lo empaparon de las políticas económicas en ese entonces representadas por Milton Friedman, padre del neoliberalismo. Se casó en 1962 con Jane Dudley Casey, hija del congresista norteamericano Joseph Edward Casey. Muchos detractores de PPK confunden a su suegro con William Casey, ex director de la CIA. Con este matrimonio, Kuczynski adquiere la residencia norteamericana. Después se divorciaría, en 1995, para casarse con su actual esposa, la también estadounidense Nancy Lange.

Una página perdida

Definitivamente, el mayor lastre en el currículum de PPK es su papel durante los primeros días de la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado. En 1966, PPK regresó al Perú para trabajar en el BCR (Banco Central de Reserva del Perú), siendo aún veinteañero. Junto con Carlos Rodríguez Pastor (actual dueño del grupo Interbank), integró el equipo de seis gerentes de la entidad bancaria, durante el primer gobierno de Belaunde.

En agosto de 1968, la IPC (International Petroleum Company), empresa norteamericana propiedad de la familia Rockefeller, firmó con el Estado el Acta de Talara, para lograr la administración del complejo petrolero de La Brea y Pariñas, en Piura. En la página once, figuraba el monto que la empresa debía pagar por cada barril de crudo comprado para ser refinado. Sin embargo, un mes después, cuando los funcionarios quisieron demostrar que la compañía había incumplido con los pagos, misteriosamente la página desapareció. Esto enervó la opinión pública y creó el clima de tensión política que terminó en el derrocamiento de Belaunde por los militares.

PPK contó en una entrevista que, cuando Velasco dio el golpe de Estado el 3 octubre de 1968, un teniente del Ejército irrumpió en las oficinas del BCR preguntando “¿Dónde está la plata?”. Una de sus primeras acciones del nuevo gobierno de los uniformados fue nacionalizar la mencionada refinería de petróleo en Piura, cinco días después. Lo curioso es que antes de retirarse del Perú, cuando supuestamente todos sus activos ya habían sido confiscados por el gobierno militar, la compañía pudo retirar sin problemas 115 millones de dólares de sus cuentas bancarias, a través del BCR.

Furioso, el régimen militar señaló a los gerentes del BCR como los culpables. Una orden de captura recayó sobre Kuczynski y Carlos Rodríguez Pastor, la dupla perfecta del capitalismo hasta hoy. Ambos huyeron del Perú a través de la frontera con Ecuador a los pocos días, para no caer presos. PPK relató que caminaron durante quince días, aunque se rumorea que salieron en la maletera de un auto. Viajó a Estados Unidos donde trabajó para el Banco Mundial, además de varias empresas privadas.

Estando en el extranjero, PPK fue juzgado en ausencia por la Corte Suprema, que falló a su favor. Velasco destituyó a los magistrados. Luego, cuando el general Francisco Morales Bermúdez ya había quitado a Velasco del gobierno y desarmado todas sus reformas sociales para retomar el camino económico de derecha junto con las clases conservadoras, PPK regresó al Perú en 1978. Fue definitivamente absuelto del ese mismo año por los jueces de la nueva dictadura. Este conveniente resultado judicial es usado constantemente por el hoy virtual presidente en todas las entrevistas para zanjar el tema.

Ley Kuczynski

Durante su exilio, fue asesor de diferentes transnacionales, por ejemplo, a fines de los setenta trabajó en Guinea, en África occidental, para Halco Mining, compañía norteamericana que compartía minas de bauxita con el terrible dictador Ahmed Sekou Touré, que en esos años desangraba dicho país. Por eso, con el segundo gobierno de Belaúnde, PPK fue nombrado ministro de Energía y Minas en 1980, al parecer por su experiencia trabajando muy estrechamente con las empresas extractivas.

Desde su despacho, impulsó la Ley 23231, llamada Ley Kuczynski, para exonerar a las petroleras extranjeras, con la excusa de fomentar la industria en el país. La principal beneficiada fue la estadounidense Occidental Petroleum, a la que se le exoneraron 500 millones de dólares en impuestos, pese a que ese mismo año la compañía pudo enviar 1662 millones de dólares como remesas al exterior.

Ante la polémica, PPK renunció como ministro en 1982. Años después, afirmó en otra entrevista que se quedó sin dinero porque como funcionario público ganaba menos que en el sector privado internacional. También recuerda que los senderistas colgaron simbólicamente un muñeco suyo de un puente de la Vía Expresa, amenazándolo de muerte. Volvió a huir del país ante el terrorismo, mientras los peruanos se desangraron durante las dos décadas de guerra interna. En 1985, el gobierno de Alan García derogó la Ley 23231.

Viajó a Nueva York, donde se dedicó al sector financiero, adquiriendo la nacionalidad norteamericana en 1999 para poder seguir trabajando en dicho país.

Arequipazo

Una vez terminada la dictadura fujimorista, PPK fue uno de los primeros convocados por el nuevo presidente elegido, Alejandro Toledo, para ser ministro de Economía, en julio del 2001. La opinión pública, adormecida por la represión y el atontamiento mediático de los noventa, parecía no recordarlo. Inmediatamente, siguieron impulsando el programa de privatizaciones iniciado por Fujimori, usando los mismos métodos y las mismas justificaciones. En todo momento, el ministro seguía de cerca las negociaciones, presionando en el gabinete, según contó el viceministro de Vivienda Jorge Villacorta, quien conocía el rechazo que la medida tendría entre la población arequipeña.

Egasa y Egesur, las dos empresas públicas que abastecían de electricidad a Arequipa y Tacna, estaban en la mira. El clásico argumento, el mismo usado también por el dictador Fujimori en su época: las empresas públicas son ineficientes, con una empresa privada todo será más moderno, con el dinero de la venta se hará caja fiscal. Se obviaba que la historia ha demostrado que en cualquier parte del mundo, la privatización de un servicio público siempre ha incrementado las tarifas. Y también olvidaba que aunque las empresas no registraban pérdidas sino utilidades, era la misma desidia del Estado la que les impedía ser más productivas porque las seguía haciendo operar con combustible diésel, mientras otras generadoras como la de Ilo, usaban el carbón más barato. Otra estrategia privatizadora que se ha denunciado en varias ocasiones en todo el mundo: dejar de apoyar la empresa estatal para declararla ineficiente y poder rematarla.

Luego de agotar todas las vías administrativas, el pueblo arequipeño salió a las calles en huelga indefinida en junio del 2002. Empezaron las características barricadas en la ciudad de Arequipa y los cacerolazos, con amplio apoyo popular. Las botas policiales acabaron con la vida de dos manifestantes durante los enfrentamientos, al parecer por recibir impactos de bombas lacrimógenas disparadas directamente a la cabeza. Luego, la siguiente medida represiva: declarar el estado de emergencia. La presencia militar no amilanó a los arequipeños, que siguieron protestando. En un mes, el gobierno desistió de privatizar las empresas.

Contrario a lo que se pueda afirmar, PPK tiene en su hoja de vida su propio conflicto social con muertos.

Fuga de gas

Un año antes que PPK provocara el Arequipazo, la empresa Shell devolvió al Estado peruano el Lote 56 del gas de Camisea, en Cusco, con reservas probadas de 2,8 billones de pies cúbicos, debido a que no pudo explotarlo. Como es debido, el gobierno lo puso a concurso público, para concesionarlo a otra empresa. El ministro de Economía Kuczynski se encargó de que se anule el concurso de empresas y le asignó un proceso de adjudicación directa, argumentando que las reservas no eran probadas sino “probables”. Justo después, ocurrió el conflicto en Arequipa y renunció a su cargo.

Pero existían dos impedimentos para concretar sus planes para el gas: la Ley 21733, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, así como su reglamento, el Decreto Supremo 040-1999. En ambos se señalaba que el gas extraído en los lotes tenía que abastecer el mercado interno en un “horizonte permanente de veinte años”, antes de exportarlo a otros países. Para el 2003, PPK se encontraba asesorando al holding de empresas encabezado por Repsol y por la estadounidense Hunt Oil, la cual deseaba extraer el gas para vendérselo a México y ya tenía el diseño financiero del proyecto Camisea.

Este grupo de empresas no quería vender gas barato de Camisea a los peruanos y sí a los mexicanos porque México ya tenía las conexiones para distribuirlo a los hogares, en cambio, el Perú no las tiene (hasta hoy). Venderle a los peruanos implicaba invertir dinero para construir esta red, es decir, menor ganancia. Así que PPK logró que desde el Ejecutivo se promulgue el Decreto Supremo 031-2003-EM, el cual eliminaba del reglamento de la Ley 21733 la frase “horizonte permanente de veinte años”, estableciendo que el abastecimiento de gas para la demanda interna del Perú estaba en función al contrato firmado.

Cuando PPK regresó al gobierno como ministro de Economía en el 2004, logró que su grupo de empresas favorito logre la concesión del Estado para explotar el Lote 56, llevándose todo el gas a México. Pero surgió otro inconveniente: ese yacimiento no alcanzaba para cubrir todo el mercado mexicano, necesitaban más. Así que fijó su próximo objetivo: el Lote 88, con reservas probadas de gas de 8,3 billones de pies cúbicos, el quinto yacimiento más grande de Sudamérica, que por ley solo podía ir al mercado peruano. En el 2005, PPK consiguió que el Congreso apruebe la Ley 28552, completando las modificaciones de la Ley 21733 para que también se exporte el gas del Lote 88.

Toda esta maniobra, que pinta de cuerpo entero el lobby por parte de PPK a favor de la empresa Hunt Oil, fue sacada a la luz desde el 2004 por el hoy congresista del Frente Amplio Manuel Dammert, a través de entrevistas periodísticas. Dammert fue denunciado por PPK en el 2006 por difamación, siendo absuelto por la Corte Suprema. Calificaba la operación como el “Megafaenón”.

Mientras hoy en día el balón de gas de diez kilos para cocinar cuesta más de cuarenta soles a las familias peruanas, casi el más caro de Latinoamérica, en México llega por tubería a un equivalente aproximado de veinticinco soles.

Peruanos Por el Kambio (pero no de modelo económico)

Durante la segunda vuelta electoral del 2011, PPK no tuvo empacho en asistir a los mítines de Keiko Fujimori, mostrándole su respaldo frente al supuestamente izquierdista Ollanta Humala. “Fujimori acabó con el terrorismo” gritaba, micrófono en mano. En aquella elección se le increpó su nacionalidad estadounidense, por lo que en noviembre del año pasado, finalmente renunció para poder candidatear nuevamente. El devenir político lo ha situado este año en antagonismo con la hija del dictador, a quien ha logrado derrotar prácticamente por méritos ajenos.

Postulando junto con Mercedes Aráoz, ex  ministra aprista sindicada como una de las principales responsables del Baguazo, como vicepresidenta, y Gilbert Violeta, vinculado a la red mafiosa de Rodolfo Orellana, como primero en su lista congresal, a PPK le ha resultado relativamente sencillo asumir el papel de salvador del país frente al posible retorno de la dictadura fujimorista. El colectivo No A Keiko, que ha recibido críticas de estar aparateado por el socialdemócrata Frente Amplio, pasó del “voto crítico” a apoyar abiertamente al candidato neoliberal que semanas antes los calificaba de “rojos”, “chavistas” y “terrucos”, para detener el triunfo del fujimorismo en las urnas. Al respecto, sorprendió el silencio de Dammert ante la alianza.

Pese a su perfil ideológico de libre mercado, PPK se apropió durante la segunda vuelta de muchas propuestas progresistas para lograr la connivencia no solo de la izquierda electoral sino incluso de los sindicatos burocratizados, como la CGTP, el Sutep y Construcción Civil. Al parecer, los representantes de los trabajadores se olvidaron que un año y medio antes apoyó la tan polémica Ley Pulpín. Otro ejemplo claro es su intención de llevar agua potable a los asentamientos humanos, aunque su plan de gobierno es bastante ambiguo ante una inminente privatización de las empresas públicas de saneamiento. Su promesa de renegociar el contrato del gas de Camisea también despierta suspicacias.

Si bien el historial de crímenes fujimoristas luce insuperable en nuestra historia, las discrepancias económicas entre Keiko y PPK no son precisamente saltantes. El neoliberalismo, cuando evidencia las contradicciones sociales que produce, se impone por la fuerza. Esto ha sido una constante en el Perú y en el mundo, y lo será en los siguientes cinco años.

Fuente: la-plaza.net

Famatina: la historia de un pueblo que en nueve años expulsó a cuatro mineras

Desde 2005 hasta hoy, distintas compañías en busca de oro intentaron afincarse en este lugar de 3500 habitantes, perola acción de los vecinos por cuidar el agua es intensa; días atrás, lograron que la firma Midais levante su campamento

LA RIOJA.- Al principio fue el agua. Hace nueve años, los vecinos del departamento riojano de Famatina escucharon que la compañía Barrick Gold necesitaba unos 1000 metros cúbicos de agua por día para explotar oro en la mina La Mejicana. El caudal diario para la zona era de 750 metros cúbicos. "¿Qué vamos a hacer nosotros, entonces?", fue la duda que atrapó a los pobladores.
Ese resultó el disparador para que los vecinos empezaran a informarse sobre los riesgos de la minería a cielo abierto. Y decidieron que no querían allí esa industria. Desde entonces, lograron frenar cuatro proyectos mineros bajo un mismo lema: "El Famatina no se toca" (ver aparte).
Con acampes, marchas, encadenamientos, reparto de panfletos, videos, pintadas, murales y cortes de ruta para impedirle el paso a la mina a funcionarios del Gobierno y representantes de las empresas, lograron lo impensado: impedir los proyectos de compañías como Barrick Gold, Osisko Mining Corporation, Shandong Gold y, días atrás, el de la salteña Midais.

Los habitantes de las treinta localidades que reciben el agua de Famatina son, en su mayoría, empleados estatales que suman algunos ingresos extras con pequeños emprendimientos agrícolas. Viven en un paraíso natural de cadenas montañosas que pasan del rojo al marrón, y del verde al azul, mientras la luz va cambiando. Desde las cumbres, bajan aguas de color amarillo por la carga de minerales. El conjunto, a la vista, resulta una obra maestra de la naturaleza.
En la asamblea, donde conviven distintos perfiles ideológicos, la mayoría son mujeres. Hay docentes que hicieron una insistente tarea de concientización entre los más chicos. Está el párroco Omar Quinteros, que desde su llegada no dudó en sumarse a la lucha. Al igual que lo hizo el intendente saliente, Ismael Bordagaray. Para todos ellos hubo costos: denuncias penales, menos tiempo personal, peleas familiares, amenazas, suspensión de giro de fondos. Sin embargo, todos siguieron adelante.

Marcela Crabbe, asambleísta y legisladora de Parlasur electa por Fuerza Cívica Riojana (radicales, peronistas, macristas y massistas), dio el primer alerta mientras hacía un curso para ayudante de geólogos que dictaba Minería provincial. "Hablan de cianuro, de explosiones", comentó en un cumpleaños. Fue suficiente para que el único cibercafé de la ciudad se convirtiera en un centro de reuniones.
Las mujeres comenzaron a dedicar una hora diaria a hacer campaña casa por casa. "Hartamos con información", recuerda Carina Díaz Moreno, otra asambleísta. Resolvieron un corte de dos días porque pensaron que no les "iba a dar el cuerpo". Finalmente, organizados con guardias, relevos y comidas, lo mantuvieron dos años.
Desde entonces -con sólo algunos intervalos de tranquilidad- la vida de buena parte de los 3500 habitantes de Famatina y Chilecito pasa entre llamadas telefónicas, mensajes y marchas. Las redes sociales, lógico, juegan un papel clave en la organización.
"Así es el día a día", resume Carolina Suffich, otra de las líderes, mientras desde su trabajo chequea si la salteña Midais está cumpliendo su compromiso de desmantelar el campamento. Es la cuarta empresa que abandona en el intento. "Alguna vez soñamos con el desarrollo de la mano de la producción minera -admite Bordagaray-. Hasta que conocimos sus riesgos. Nuestra vida es el agua."
El cura Quinteros dice que "conciencia y coincidencia" fueron los motores que les permitieron sostener la resistencia durante los años. En febrero, él le dio al papa Francisco la camiseta con la inscripción "Famatina no se toca". Cuenta que la actitud del Papa legitimó su posición frente a este conflicto. "Actuaba al borde de la ilegalidad. El anterior obispo envió veedores a controlar si lo que yo hacía era correcto para un pastor", sostiene Quinteros.

A su manera

"Los recursos son de la gente, que debe decidir. No sólo es debatir el método de explotación; es más que eso. El punto crucial es que siempre habrá una alteración del ambiente, tenemos que ser conscientes de eso", dice el asambleísta Paulo D'Alessandro.
Hace dos años, América se jubiló como directora de escuela. Desde entonces, todos los jueves hace guardia en el corte "de la dignidad", ese que mantuvieron los asambleístas contra Osisko. "No veía las horas de poder dedicarle más tiempo", dice.
Roberto trabaja en Angulos, donde está la última carpa de la asamblea. Cuando termina su jornada, pasa para dejar allí leña y para hacer guardia dos días a la semana. Siempre hay mates y tortilla. El dinero sale del bolsillo de los mismos asambleístas.
En La Rioja minería y política andan de la mano. El actual gobernador Luis Beder Herrera impulsó la destitución de Ángel Maza, ex secretario de Minería de Carlos Menem, por el acuerdo que había con la Barrick. "Vamos a sacar una ley prohibiendo la explotación a cielo abierto en la provincia", había prometido Beder Herrera en campaña. Lo hizo, pero luego la derogó y rehabilitó esa modalidad de producción. Oriundo del departamento de Famatina, hoy es mal recibido en esos pagos. Hasta los alumnos de una escuela donde él había afirmado que la sierra no se cedía ahora son asambleístas.
En la Cámara Argentina de Empresarios Mineros aseguraron, días atrás, que "el cierre o suspensión de cualquier proyecto en producción es para preocuparse". La entidad también planteó que la minería sólo puede llevarse adelante en aquellos lugares donde tiene licencia social. Y que, donde no la tiene, se tiene que trabajar de manera activa para conseguirla. Para ello, sostuvo que propician e integran mesas de diálogo sectoriales, como el Foro Social Argentino de Minería, que cuenta con la participación de distintos actores sociales del ámbito académico, científico, gremial, ambiental y empresarial coordinados por la Comisión Nacional de Justicia y Paz.
A los asambleístas de Famatina los llaman de Catamarca y de Jáchal para que cuenten su experiencia. Que expliquen si hay una "receta" para lograr decidir sobre los recursos. En esta zona, a 230 kilómetros de la capital riojana, hay un trípode complejo de recrear: Iglesia, poder político y vecinos. Hay peleas, debates, enojos temporales, pero en la emergencia todos vuelven a trabajar juntos.
"Tenemos esperanza de cuatro años de paz", afirma Quinteros. Confía en que el gobernador electo, Sergio Casas, actual vicegobernador que días atrás anunció que se desmantelará el emprendimiento de Midais, mantenga la palabra que le dio al obispo Colombo: esa que dice que sin acuerdo social y diálogo no habrá explotación minera.

Cuáles fueron las compañías rechazadas

Barrick Gold
La minera canadiense inició sus tareas en La Rioja en 2005, con una inversión programada de 10 millones de dólares. Al poco tiempo, la Legislatura sancionó una ley que prohibía la actividad minera a cielo abierto donde se utilizara cianuro; el impulsor fue el entonces vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Luis Beder Herrera. Los asambleístas mantuvieron un corte casi dos años. En mayo de 2007 la empresa comunicó que se retiraba.
Shandong Gold

La firma china intentó de-sembarcar en 2010 y una vez más los asambleístas frenaron el proyecto.
Osisko Mining
La empresa canadiense suscribió un convenio con el Gobierno para la exploración de la mina de Famatina en busca de oro, en agosto de 2011; lo realizaría en sociedad con Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE). Prometían 2000 empleos en la primera etapa. El 2 de enero de 2012, la comunidad cortó el acceso a la zona y 15.000 personas marcharon frente a la Casa de Gobierno. El entendimiento fue prorrogado y en julio de 2013 el contrato se rescindió al no lograr consenso social.
Midais
La compañía salteña, sin experiencia en el rubro, firmó un acuerdo para explotar oro en Angulos, al lado del río Blanco. En abril los asambleístas retomaron las protestas, que no se diluyeron ante las afirmaciones del Gobierno de que la empresa iba a utilizar un método de "minería aurífera en río seco", sin químicos, ni uso del agua, ni explosivos. El martes se oficializó el desmantelamiento de la iniciativa para preservar la "paz social".


Fuente: La Nación

sábado, 30 de enero de 2016

Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y el Tawantinsuyu-ANPP-T

Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y el Tawantinsuyu-ANPP-T


Nuestro compañero Jorge Spelucín, dirigente de la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y el Tawantinsuyu ANPPT  es víctima de la injusticia neoliberal extractivista que viven los que se atreven a defender los intereses nacionales. El juzgadoque ve  su caso ha extendido la privación de su libertad por un año más al haberse cumplido los 6 meses que en un primer momento se le dicto. Exigimos su pronta libertad ante la arbitrariedad del proceso que se le sigue sin que hasta el momento haya pruebas contundentes en su contra. ¡Libertad a los luchadores social ambientalistas! ¡Alto a la criminalización de la protesta social, persecución y encarcelamiento de los defensores del agua y la soberanía nacional! ¡Por la libre autodeterminación de los pueblos! ¡Por autogobierno y poder popular!‬

Igualmente, la  Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y el Tawantinsuyu (ANPPT), rechaza y repudia la arbitraria sentencia de 6 años de cárcel dictada contra el compañero Carlos Chavarría Presidente del Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki y miembro  Comité Directivo de la ANPPT, sumándose a la larga lista de luchadores sociales víctimas de la política represiva que desde el Estado y el gobierno entreguista de Humala se implementa contra los defensores de los recursos naturales, los territorios comunales y la soberanía nacional. 
*La ANPPT, exige se deje sin efecto la sentencia por los vicios presentados en el proceso judicial y la connotación política y social que conlleva esta sentencia. 
*Exigimos alto a la criminalización de la protesta social, persecución y encarcelamiento de los luchadores y activistas sociales
Exigimos la libertad de los luchadores sociales presos como Jorge Spelucín en Cajamarca; Carlos Chavarria en Pichanaky, Junin;  y en Lima, los compañeros Maribel Guerrero y Luis Pérez. 
*Exigimos el cambio del modelo extractivista primario exportador y una democracia al servicio del pueblo y no del poder mediático neoliberal.
*Exigimos nuestro derecho a luchar por la intereses nacionales y a rebelarnos ante el poder de las corporaciones imperialistas. 
*Exigimos nuestro derecho a construir el contra  poder del pueblo y un sistema económico y social alternativo al sistema capitalista depredador y deshumanizante.
¡Vivan los defensores de la Madre Tierra!
¡Vivan los pueblos en lucha por una vida digna!
¡Viva la defensa del agua y la soberanía!
¡Fuera Transnacionales depredadoras y contaminantes!
¡Libertad a los luchadores sociales!!
!Sin luchas no hay victorias! 
ENRUMBEMOS NUESTROS ESFUERZOS HACIA EL DESARROLLO DEL  TERCER CONSEJO DIRECTIVO Y LA SEXTA ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS DEL PERU Y EL TAWANTINSUYU (ANPPT).Wilfredo E, Saavedra Marreros
Pdte. FDAC
Jr. Apurimac N° 694 Of. N° 309
Tel. 976-833224  RPM * 177632