La corrupción y el terrorismo de Estado de los años fujimoristas le bastaron a los peruanos para respaldar la candidatura de PPK contra el retorno de la dictadura de los noventa. Lo que no se tomó en cuenta es que el continuismo económico ya había triunfado desde la primera vuelta.
Cuestionar el fujimorismo no es difícil en lo absoluto. Crímenes de lesa humanidad, remate de empresas públicas, violaciones de derechos humanos, quiebre del orden constitucional, nexos con el narcotráfico, ineptitud de sus candidatos y un largo etcétera. Es indudable que gran parte del voto obtenido por el ex ciudadano estadounidense Pedro Pablo Kuczynski proviene del miedo a Keiko Fujimori.
Los mismos sectores progresistas y de la izquierda que salieron a protestar contra la Ley Pulpín, contra el proyecto Tía María y contra el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) no dudaron en cerrar filas contra el fujimorismo votando justamente por el candidato que en su momento estuvo a favor de estos tres puntos, así como en muchos otras políticas privatistas. Es evidente que, en los próximos cinco años, podrán surgir más conflictos sociales cuando el gobierno impulse proyectos acordes a su política de libre mercado.
Chicago boy
Nacido en 1938, fue hijo de una maestra francesa, Madeleine Godard y un judío alemán que huyó de los nazis, Maxime Kuczynski, médico que dedicó su vida a combatir la lepra en la Amazonía brasileña y peruana. PPK vivió su infancia en Iquitos, pero estudió en el elitista colegio Markham de Lima. La secundaria la pasó en Inglaterra, donde luego estudió economía y política en la Universidad de Oxford, siempre becado, a fines de los cincuenta. Luego, en 1961, estudió una maestría en Economía en la Universidad de Princeton, Estados Unidos.
Empezó trabajando como practicante en el Banco Mundial en Estados Unidos, a inicios de los sesenta, donde rápidamente escaló posiciones. Este paso definitivamente lo empaparon de las políticas económicas en ese entonces representadas por Milton Friedman, padre del neoliberalismo. Se casó en 1962 con Jane Dudley Casey, hija del congresista norteamericano Joseph Edward Casey. Muchos detractores de PPK confunden a su suegro con William Casey, ex director de la CIA. Con este matrimonio, Kuczynski adquiere la residencia norteamericana. Después se divorciaría, en 1995, para casarse con su actual esposa, la también estadounidense Nancy Lange.
Una página perdida
Definitivamente, el mayor lastre en el currículum de PPK es su papel durante los primeros días de la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado. En 1966, PPK regresó al Perú para trabajar en el BCR (Banco Central de Reserva del Perú), siendo aún veinteañero. Junto con Carlos Rodríguez Pastor (actual dueño del grupo Interbank), integró el equipo de seis gerentes de la entidad bancaria, durante el primer gobierno de Belaunde.
En agosto de 1968, la IPC (International Petroleum Company), empresa norteamericana propiedad de la familia Rockefeller, firmó con el Estado el Acta de Talara, para lograr la administración del complejo petrolero de La Brea y Pariñas, en Piura. En la página once, figuraba el monto que la empresa debía pagar por cada barril de crudo comprado para ser refinado. Sin embargo, un mes después, cuando los funcionarios quisieron demostrar que la compañía había incumplido con los pagos, misteriosamente la página desapareció. Esto enervó la opinión pública y creó el clima de tensión política que terminó en el derrocamiento de Belaunde por los militares.
PPK contó en una entrevista que, cuando Velasco dio el golpe de Estado el 3 octubre de 1968, un teniente del Ejército irrumpió en las oficinas del BCR preguntando “¿Dónde está la plata?”. Una de sus primeras acciones del nuevo gobierno de los uniformados fue nacionalizar la mencionada refinería de petróleo en Piura, cinco días después. Lo curioso es que antes de retirarse del Perú, cuando supuestamente todos sus activos ya habían sido confiscados por el gobierno militar, la compañía pudo retirar sin problemas 115 millones de dólares de sus cuentas bancarias, a través del BCR.
Furioso, el régimen militar señaló a los gerentes del BCR como los culpables. Una orden de captura recayó sobre Kuczynski y Carlos Rodríguez Pastor, la dupla perfecta del capitalismo hasta hoy. Ambos huyeron del Perú a través de la frontera con Ecuador a los pocos días, para no caer presos. PPK relató que caminaron durante quince días, aunque se rumorea que salieron en la maletera de un auto. Viajó a Estados Unidos donde trabajó para el Banco Mundial, además de varias empresas privadas.
Estando en el extranjero, PPK fue juzgado en ausencia por la Corte Suprema, que falló a su favor. Velasco destituyó a los magistrados. Luego, cuando el general Francisco Morales Bermúdez ya había quitado a Velasco del gobierno y desarmado todas sus reformas sociales para retomar el camino económico de derecha junto con las clases conservadoras, PPK regresó al Perú en 1978. Fue definitivamente absuelto del ese mismo año por los jueces de la nueva dictadura. Este conveniente resultado judicial es usado constantemente por el hoy virtual presidente en todas las entrevistas para zanjar el tema.
Ley Kuczynski
Durante su exilio, fue asesor de diferentes transnacionales, por ejemplo, a fines de los setenta trabajó en Guinea, en África occidental, para Halco Mining, compañía norteamericana que compartía minas de bauxita con el terrible dictador Ahmed Sekou Touré, que en esos años desangraba dicho país. Por eso, con el segundo gobierno de Belaúnde, PPK fue nombrado ministro de Energía y Minas en 1980, al parecer por su experiencia trabajando muy estrechamente con las empresas extractivas.
Desde su despacho, impulsó la Ley 23231, llamada Ley Kuczynski, para exonerar a las petroleras extranjeras, con la excusa de fomentar la industria en el país. La principal beneficiada fue la estadounidense Occidental Petroleum, a la que se le exoneraron 500 millones de dólares en impuestos, pese a que ese mismo año la compañía pudo enviar 1662 millones de dólares como remesas al exterior.
Ante la polémica, PPK renunció como ministro en 1982. Años después, afirmó en otra entrevista que se quedó sin dinero porque como funcionario público ganaba menos que en el sector privado internacional. También recuerda que los senderistas colgaron simbólicamente un muñeco suyo de un puente de la Vía Expresa, amenazándolo de muerte. Volvió a huir del país ante el terrorismo, mientras los peruanos se desangraron durante las dos décadas de guerra interna. En 1985, el gobierno de Alan García derogó la Ley 23231.
Viajó a Nueva York, donde se dedicó al sector financiero, adquiriendo la nacionalidad norteamericana en 1999 para poder seguir trabajando en dicho país.
Arequipazo
Una vez terminada la dictadura fujimorista, PPK fue uno de los primeros convocados por el nuevo presidente elegido, Alejandro Toledo, para ser ministro de Economía, en julio del 2001. La opinión pública, adormecida por la represión y el atontamiento mediático de los noventa, parecía no recordarlo. Inmediatamente, siguieron impulsando el programa de privatizaciones iniciado por Fujimori, usando los mismos métodos y las mismas justificaciones. En todo momento, el ministro seguía de cerca las negociaciones, presionando en el gabinete, según contó el viceministro de Vivienda Jorge Villacorta, quien conocía el rechazo que la medida tendría entre la población arequipeña.
Egasa y Egesur, las dos empresas públicas que abastecían de electricidad a Arequipa y Tacna, estaban en la mira. El clásico argumento, el mismo usado también por el dictador Fujimori en su época: las empresas públicas son ineficientes, con una empresa privada todo será más moderno, con el dinero de la venta se hará caja fiscal. Se obviaba que la historia ha demostrado que en cualquier parte del mundo, la privatización de un servicio público siempre ha incrementado las tarifas. Y también olvidaba que aunque las empresas no registraban pérdidas sino utilidades, era la misma desidia del Estado la que les impedía ser más productivas porque las seguía haciendo operar con combustible diésel, mientras otras generadoras como la de Ilo, usaban el carbón más barato. Otra estrategia privatizadora que se ha denunciado en varias ocasiones en todo el mundo: dejar de apoyar la empresa estatal para declararla ineficiente y poder rematarla.
Luego de agotar todas las vías administrativas, el pueblo arequipeño salió a las calles en huelga indefinida en junio del 2002. Empezaron las características barricadas en la ciudad de Arequipa y los cacerolazos, con amplio apoyo popular. Las botas policiales acabaron con la vida de dos manifestantes durante los enfrentamientos, al parecer por recibir impactos de bombas lacrimógenas disparadas directamente a la cabeza. Luego, la siguiente medida represiva: declarar el estado de emergencia. La presencia militar no amilanó a los arequipeños, que siguieron protestando. En un mes, el gobierno desistió de privatizar las empresas.
Contrario a lo que se pueda afirmar, PPK tiene en su hoja de vida su propio conflicto social con muertos.
Durante su exilio, fue asesor de diferentes transnacionales, por ejemplo, a fines de los setenta trabajó en Guinea, en África occidental, para Halco Mining, compañía norteamericana que compartía minas de bauxita con el terrible dictador Ahmed Sekou Touré, que en esos años desangraba dicho país. Por eso, con el segundo gobierno de Belaúnde, PPK fue nombrado ministro de Energía y Minas en 1980, al parecer por su experiencia trabajando muy estrechamente con las empresas extractivas.
Desde su despacho, impulsó la Ley 23231, llamada Ley Kuczynski, para exonerar a las petroleras extranjeras, con la excusa de fomentar la industria en el país. La principal beneficiada fue la estadounidense Occidental Petroleum, a la que se le exoneraron 500 millones de dólares en impuestos, pese a que ese mismo año la compañía pudo enviar 1662 millones de dólares como remesas al exterior.
Ante la polémica, PPK renunció como ministro en 1982. Años después, afirmó en otra entrevista que se quedó sin dinero porque como funcionario público ganaba menos que en el sector privado internacional. También recuerda que los senderistas colgaron simbólicamente un muñeco suyo de un puente de la Vía Expresa, amenazándolo de muerte. Volvió a huir del país ante el terrorismo, mientras los peruanos se desangraron durante las dos décadas de guerra interna. En 1985, el gobierno de Alan García derogó la Ley 23231.
Viajó a Nueva York, donde se dedicó al sector financiero, adquiriendo la nacionalidad norteamericana en 1999 para poder seguir trabajando en dicho país.
Arequipazo
Una vez terminada la dictadura fujimorista, PPK fue uno de los primeros convocados por el nuevo presidente elegido, Alejandro Toledo, para ser ministro de Economía, en julio del 2001. La opinión pública, adormecida por la represión y el atontamiento mediático de los noventa, parecía no recordarlo. Inmediatamente, siguieron impulsando el programa de privatizaciones iniciado por Fujimori, usando los mismos métodos y las mismas justificaciones. En todo momento, el ministro seguía de cerca las negociaciones, presionando en el gabinete, según contó el viceministro de Vivienda Jorge Villacorta, quien conocía el rechazo que la medida tendría entre la población arequipeña.
Egasa y Egesur, las dos empresas públicas que abastecían de electricidad a Arequipa y Tacna, estaban en la mira. El clásico argumento, el mismo usado también por el dictador Fujimori en su época: las empresas públicas son ineficientes, con una empresa privada todo será más moderno, con el dinero de la venta se hará caja fiscal. Se obviaba que la historia ha demostrado que en cualquier parte del mundo, la privatización de un servicio público siempre ha incrementado las tarifas. Y también olvidaba que aunque las empresas no registraban pérdidas sino utilidades, era la misma desidia del Estado la que les impedía ser más productivas porque las seguía haciendo operar con combustible diésel, mientras otras generadoras como la de Ilo, usaban el carbón más barato. Otra estrategia privatizadora que se ha denunciado en varias ocasiones en todo el mundo: dejar de apoyar la empresa estatal para declararla ineficiente y poder rematarla.
Luego de agotar todas las vías administrativas, el pueblo arequipeño salió a las calles en huelga indefinida en junio del 2002. Empezaron las características barricadas en la ciudad de Arequipa y los cacerolazos, con amplio apoyo popular. Las botas policiales acabaron con la vida de dos manifestantes durante los enfrentamientos, al parecer por recibir impactos de bombas lacrimógenas disparadas directamente a la cabeza. Luego, la siguiente medida represiva: declarar el estado de emergencia. La presencia militar no amilanó a los arequipeños, que siguieron protestando. En un mes, el gobierno desistió de privatizar las empresas.
Contrario a lo que se pueda afirmar, PPK tiene en su hoja de vida su propio conflicto social con muertos.
Fuga de gas
Un año antes que PPK provocara el Arequipazo, la empresa Shell devolvió al Estado peruano el Lote 56 del gas de Camisea, en Cusco, con reservas probadas de 2,8 billones de pies cúbicos, debido a que no pudo explotarlo. Como es debido, el gobierno lo puso a concurso público, para concesionarlo a otra empresa. El ministro de Economía Kuczynski se encargó de que se anule el concurso de empresas y le asignó un proceso de adjudicación directa, argumentando que las reservas no eran probadas sino “probables”. Justo después, ocurrió el conflicto en Arequipa y renunció a su cargo.
Pero existían dos impedimentos para concretar sus planes para el gas: la Ley 21733, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, así como su reglamento, el Decreto Supremo 040-1999. En ambos se señalaba que el gas extraído en los lotes tenía que abastecer el mercado interno en un “horizonte permanente de veinte años”, antes de exportarlo a otros países. Para el 2003, PPK se encontraba asesorando al holding de empresas encabezado por Repsol y por la estadounidense Hunt Oil, la cual deseaba extraer el gas para vendérselo a México y ya tenía el diseño financiero del proyecto Camisea.
Este grupo de empresas no quería vender gas barato de Camisea a los peruanos y sí a los mexicanos porque México ya tenía las conexiones para distribuirlo a los hogares, en cambio, el Perú no las tiene (hasta hoy). Venderle a los peruanos implicaba invertir dinero para construir esta red, es decir, menor ganancia. Así que PPK logró que desde el Ejecutivo se promulgue el Decreto Supremo 031-2003-EM, el cual eliminaba del reglamento de la Ley 21733 la frase “horizonte permanente de veinte años”, estableciendo que el abastecimiento de gas para la demanda interna del Perú estaba en función al contrato firmado.
Cuando PPK regresó al gobierno como ministro de Economía en el 2004, logró que su grupo de empresas favorito logre la concesión del Estado para explotar el Lote 56, llevándose todo el gas a México. Pero surgió otro inconveniente: ese yacimiento no alcanzaba para cubrir todo el mercado mexicano, necesitaban más. Así que fijó su próximo objetivo: el Lote 88, con reservas probadas de gas de 8,3 billones de pies cúbicos, el quinto yacimiento más grande de Sudamérica, que por ley solo podía ir al mercado peruano. En el 2005, PPK consiguió que el Congreso apruebe la Ley 28552, completando las modificaciones de la Ley 21733 para que también se exporte el gas del Lote 88.
Toda esta maniobra, que pinta de cuerpo entero el lobby por parte de PPK a favor de la empresa Hunt Oil, fue sacada a la luz desde el 2004 por el hoy congresista del Frente Amplio Manuel Dammert, a través de entrevistas periodísticas. Dammert fue denunciado por PPK en el 2006 por difamación, siendo absuelto por la Corte Suprema. Calificaba la operación como el “Megafaenón”.
Mientras hoy en día el balón de gas de diez kilos para cocinar cuesta más de cuarenta soles a las familias peruanas, casi el más caro de Latinoamérica, en México llega por tubería a un equivalente aproximado de veinticinco soles.
Un año antes que PPK provocara el Arequipazo, la empresa Shell devolvió al Estado peruano el Lote 56 del gas de Camisea, en Cusco, con reservas probadas de 2,8 billones de pies cúbicos, debido a que no pudo explotarlo. Como es debido, el gobierno lo puso a concurso público, para concesionarlo a otra empresa. El ministro de Economía Kuczynski se encargó de que se anule el concurso de empresas y le asignó un proceso de adjudicación directa, argumentando que las reservas no eran probadas sino “probables”. Justo después, ocurrió el conflicto en Arequipa y renunció a su cargo.
Pero existían dos impedimentos para concretar sus planes para el gas: la Ley 21733, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, así como su reglamento, el Decreto Supremo 040-1999. En ambos se señalaba que el gas extraído en los lotes tenía que abastecer el mercado interno en un “horizonte permanente de veinte años”, antes de exportarlo a otros países. Para el 2003, PPK se encontraba asesorando al holding de empresas encabezado por Repsol y por la estadounidense Hunt Oil, la cual deseaba extraer el gas para vendérselo a México y ya tenía el diseño financiero del proyecto Camisea.
Este grupo de empresas no quería vender gas barato de Camisea a los peruanos y sí a los mexicanos porque México ya tenía las conexiones para distribuirlo a los hogares, en cambio, el Perú no las tiene (hasta hoy). Venderle a los peruanos implicaba invertir dinero para construir esta red, es decir, menor ganancia. Así que PPK logró que desde el Ejecutivo se promulgue el Decreto Supremo 031-2003-EM, el cual eliminaba del reglamento de la Ley 21733 la frase “horizonte permanente de veinte años”, estableciendo que el abastecimiento de gas para la demanda interna del Perú estaba en función al contrato firmado.
Cuando PPK regresó al gobierno como ministro de Economía en el 2004, logró que su grupo de empresas favorito logre la concesión del Estado para explotar el Lote 56, llevándose todo el gas a México. Pero surgió otro inconveniente: ese yacimiento no alcanzaba para cubrir todo el mercado mexicano, necesitaban más. Así que fijó su próximo objetivo: el Lote 88, con reservas probadas de gas de 8,3 billones de pies cúbicos, el quinto yacimiento más grande de Sudamérica, que por ley solo podía ir al mercado peruano. En el 2005, PPK consiguió que el Congreso apruebe la Ley 28552, completando las modificaciones de la Ley 21733 para que también se exporte el gas del Lote 88.
Toda esta maniobra, que pinta de cuerpo entero el lobby por parte de PPK a favor de la empresa Hunt Oil, fue sacada a la luz desde el 2004 por el hoy congresista del Frente Amplio Manuel Dammert, a través de entrevistas periodísticas. Dammert fue denunciado por PPK en el 2006 por difamación, siendo absuelto por la Corte Suprema. Calificaba la operación como el “Megafaenón”.
Mientras hoy en día el balón de gas de diez kilos para cocinar cuesta más de cuarenta soles a las familias peruanas, casi el más caro de Latinoamérica, en México llega por tubería a un equivalente aproximado de veinticinco soles.
Peruanos Por el Kambio (pero no de modelo económico)
Durante la segunda vuelta electoral del 2011, PPK no tuvo empacho en asistir a los mítines de Keiko Fujimori, mostrándole su respaldo frente al supuestamente izquierdista Ollanta Humala. “Fujimori acabó con el terrorismo” gritaba, micrófono en mano. En aquella elección se le increpó su nacionalidad estadounidense, por lo que en noviembre del año pasado, finalmente renunció para poder candidatear nuevamente. El devenir político lo ha situado este año en antagonismo con la hija del dictador, a quien ha logrado derrotar prácticamente por méritos ajenos.
Postulando junto con Mercedes Aráoz, ex ministra aprista sindicada como una de las principales responsables del Baguazo, como vicepresidenta, y Gilbert Violeta, vinculado a la red mafiosa de Rodolfo Orellana, como primero en su lista congresal, a PPK le ha resultado relativamente sencillo asumir el papel de salvador del país frente al posible retorno de la dictadura fujimorista. El colectivo No A Keiko, que ha recibido críticas de estar aparateado por el socialdemócrata Frente Amplio, pasó del “voto crítico” a apoyar abiertamente al candidato neoliberal que semanas antes los calificaba de “rojos”, “chavistas” y “terrucos”, para detener el triunfo del fujimorismo en las urnas. Al respecto, sorprendió el silencio de Dammert ante la alianza.
Pese a su perfil ideológico de libre mercado, PPK se apropió durante la segunda vuelta de muchas propuestas progresistas para lograr la connivencia no solo de la izquierda electoral sino incluso de los sindicatos burocratizados, como la CGTP, el Sutep y Construcción Civil. Al parecer, los representantes de los trabajadores se olvidaron que un año y medio antes apoyó la tan polémica Ley Pulpín. Otro ejemplo claro es su intención de llevar agua potable a los asentamientos humanos, aunque su plan de gobierno es bastante ambiguo ante una inminente privatización de las empresas públicas de saneamiento. Su promesa de renegociar el contrato del gas de Camisea también despierta suspicacias.
Si bien el historial de crímenes fujimoristas luce insuperable en nuestra historia, las discrepancias económicas entre Keiko y PPK no son precisamente saltantes. El neoliberalismo, cuando evidencia las contradicciones sociales que produce, se impone por la fuerza. Esto ha sido una constante en el Perú y en el mundo, y lo será en los siguientes cinco años.
Durante la segunda vuelta electoral del 2011, PPK no tuvo empacho en asistir a los mítines de Keiko Fujimori, mostrándole su respaldo frente al supuestamente izquierdista Ollanta Humala. “Fujimori acabó con el terrorismo” gritaba, micrófono en mano. En aquella elección se le increpó su nacionalidad estadounidense, por lo que en noviembre del año pasado, finalmente renunció para poder candidatear nuevamente. El devenir político lo ha situado este año en antagonismo con la hija del dictador, a quien ha logrado derrotar prácticamente por méritos ajenos.
Postulando junto con Mercedes Aráoz, ex ministra aprista sindicada como una de las principales responsables del Baguazo, como vicepresidenta, y Gilbert Violeta, vinculado a la red mafiosa de Rodolfo Orellana, como primero en su lista congresal, a PPK le ha resultado relativamente sencillo asumir el papel de salvador del país frente al posible retorno de la dictadura fujimorista. El colectivo No A Keiko, que ha recibido críticas de estar aparateado por el socialdemócrata Frente Amplio, pasó del “voto crítico” a apoyar abiertamente al candidato neoliberal que semanas antes los calificaba de “rojos”, “chavistas” y “terrucos”, para detener el triunfo del fujimorismo en las urnas. Al respecto, sorprendió el silencio de Dammert ante la alianza.
Pese a su perfil ideológico de libre mercado, PPK se apropió durante la segunda vuelta de muchas propuestas progresistas para lograr la connivencia no solo de la izquierda electoral sino incluso de los sindicatos burocratizados, como la CGTP, el Sutep y Construcción Civil. Al parecer, los representantes de los trabajadores se olvidaron que un año y medio antes apoyó la tan polémica Ley Pulpín. Otro ejemplo claro es su intención de llevar agua potable a los asentamientos humanos, aunque su plan de gobierno es bastante ambiguo ante una inminente privatización de las empresas públicas de saneamiento. Su promesa de renegociar el contrato del gas de Camisea también despierta suspicacias.
Si bien el historial de crímenes fujimoristas luce insuperable en nuestra historia, las discrepancias económicas entre Keiko y PPK no son precisamente saltantes. El neoliberalismo, cuando evidencia las contradicciones sociales que produce, se impone por la fuerza. Esto ha sido una constante en el Perú y en el mundo, y lo será en los siguientes cinco años.
Fuente: la-plaza.net
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