Fue Carlos Valdez Medina, 
legendario corresponsal del diario La República en Ayacucho quien 
encontró las fosas de Pucayacu. Este es su testimonio 31 años después de
 ese macabro hallazgo en los tiempos de violencia.
Corría
 el mes de agosto de 1984 y la población de Ayacucho vivía momentos de 
gran violencia.  Los primeros días de aquél mes se dieron dos noticias 
trágicas: el asesinato de seis evangélicos en un templo ubicado en las 
afuera de la ciudad de Huanta, en el anexo de Callqui,  por parte de una
 patrulla de la infantería de la Marina, y la desaparición del 
corresponsal del diario “La Republica” en Huanta, Jaime Ayala Sulca, 
quien había ingresado a los cuarteles de este destacamento militar 
acantonado en el estadio municipal en dicha ciudad y nunca más salió.
Ante
 la desaparición de Ayala, todos los corresponsales de los medios de 
comunicación de Lima fuimos encargados de indagar por su paradero, no 
solo como muestra de solidaridad gremial, sino también porque se trataba
 de un alarmante caso más que causaban seria preocupación en la familias
 ayacuchanas que veían en esas acciones un calco de los métodos de 
militares argentinos en la lucha contra los montoneros de ese país.
Un
 ingeniero que realizaba labores agrícolas en la zona de Pucayacu llegó 
un día hasta la sede de la corresponsalía de “La República” en Huamanga,
 y me proporcionó una espeluznante noticia: desde un escondite había 
visto el entierro de numerosos cadáveres por parte de una patrulla 
militar en la localidad de Pucayacu. Sospechaba de una matanza, tenía 
miedo y quiso mantener su identidad en reserva. 
La
 noticia no podía ser lanzada sin previa verificación. Así es que viajé a
 la zona completamente solo, tenía que arriesgarme, pese a lo peligroso 
de la misión. Una pista dejada por el único testigo de la masacre me 
permitió dar con el lugar. Era un periódico sobre una piedra al costado 
de la trocha carrozable.  
Bajé
 en el lugar señalado, caminé varias decenas de metros hasta una 
hondonada y comencé a ver arbustos arrancados de raíz, tierra removida 
recientemente y algunas monedas. El olor era nauseabundo. Escarbé un 
poco con un palo y la fetidez fue más intensa. Sin duda, había cuerpos 
en descomposición allí y todo cuadraba con el testimonio del ingeniero. 
En el lugar había varios cuerpos enterrados. 
Retorné
 de inmediato a la Huamanga y transmití el despacho a la central. El 
periodista Luis Torrejón recibió la trágica noticia y el diario “La 
República” dio la primicia de inmediato con una noticia en primera 
página. El Perú entero se estremeció. 
El
 Ing. Gustavo Mohme Llona, director del diario, transmitió la 
información a las autoridades del Ministerio Público. De ese modo, se 
conformó una comisión mixta de fiscales, médicos y policías, que 
viajaron a la zona. Estaba el Dr. Feliciano Valdez, Jefe de  la Morgue 
de Lima, su adjunta la Dra. Rosa Quiroz; por el Ministerio Público 
estuvo el Dr. José Mejía Chuara y el secretario general, Fernando 
Olivera, así como peritos en criminalística y balística.
De
 ese modo, el 24 de agosto de 1984 se procedió a la exhumación de los 
cuerpos que se encontraban casi al borde del río Mantaro, a unos 20 
kilómetros de la ciudad de Huanta. Había siete fosas donde habían 
enterrado cincuenta cuerpos de humildes campesinos.
Todas
 las víctimas estaban desnudas, con claras muestras de tortura, y 
presentaban herida de bala en la cabeza. Al parecer habían sido 
victimados al pie de la fosa que antes las propias víctimas habían 
cavado obligados por los militares.
El
 juez que en un primer momento iba disponer la exhumación fue Juan 
Flores quien vio también el caso Uchuraccay, pero al desplazarse al 
lugar se accidentó y se frustró esta diligencia obligando a designar 
otro juez, en este caso el Dr. Rolando Quesada Chunga.
Algunos diarios, por decisión de sus editores en Lima, subieron la cifra a 89 muertos cuando en realidad fueron 50. 
Las
 fotos del desentierro, en un primer momento, fueron decomisadas por el 
entonces secretario general del Ministerio Público, Fernando Olivera 
Vega, que sostuvo el caso era de seguridad de estado, sin embargo varias
 de las tomas aparecieron en una revista limeña.
Muchos
 años después, el testigo presencial del entierro de las víctimas se 
animó a dar su declaración a la Comisión de la Verdad, pero por falta de
 recursos no pudo viajar a Lima y se perdió esa oportunidad de conocer 
más detalles de este terrible caso.
(Foto: Caretas)
(Fuente: http://portalperu.pe/)

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