Rechaza al proyecto Conga.

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jueves, 13 de agosto de 2015

Así se descubrió la matanza de Pucayacu

Fue Carlos Valdez Medina, legendario corresponsal del diario La República en Ayacucho quien encontró las fosas de Pucayacu. Este es su testimonio 31 años después de ese macabro hallazgo en los tiempos de violencia.

Corría el mes de agosto de 1984 y la población de Ayacucho vivía momentos de gran violencia.  Los primeros días de aquél mes se dieron dos noticias trágicas: el asesinato de seis evangélicos en un templo ubicado en las afuera de la ciudad de Huanta, en el anexo de Callqui,  por parte de una patrulla de la infantería de la Marina, y la desaparición del corresponsal del diario “La Republica” en Huanta, Jaime Ayala Sulca, quien había ingresado a los cuarteles de este destacamento militar acantonado en el estadio municipal en dicha ciudad y nunca más salió.
Ante la desaparición de Ayala, todos los corresponsales de los medios de comunicación de Lima fuimos encargados de indagar por su paradero, no solo como muestra de solidaridad gremial, sino también porque se trataba de un alarmante caso más que causaban seria preocupación en la familias ayacuchanas que veían en esas acciones un calco de los métodos de militares argentinos en la lucha contra los montoneros de ese país.
Un ingeniero que realizaba labores agrícolas en la zona de Pucayacu llegó un día hasta la sede de la corresponsalía de “La República” en Huamanga, y me proporcionó una espeluznante noticia: desde un escondite había visto el entierro de numerosos cadáveres por parte de una patrulla militar en la localidad de Pucayacu. Sospechaba de una matanza, tenía miedo y quiso mantener su identidad en reserva.
La noticia no podía ser lanzada sin previa verificación. Así es que viajé a la zona completamente solo, tenía que arriesgarme, pese a lo peligroso de la misión. Una pista dejada por el único testigo de la masacre me permitió dar con el lugar. Era un periódico sobre una piedra al costado de la trocha carrozable.  
Bajé en el lugar señalado, caminé varias decenas de metros hasta una hondonada y comencé a ver arbustos arrancados de raíz, tierra removida recientemente y algunas monedas. El olor era nauseabundo. Escarbé un poco con un palo y la fetidez fue más intensa. Sin duda, había cuerpos en descomposición allí y todo cuadraba con el testimonio del ingeniero. En el lugar había varios cuerpos enterrados.
Retorné de inmediato a la Huamanga y transmití el despacho a la central. El periodista Luis Torrejón recibió la trágica noticia y el diario “La República” dio la primicia de inmediato con una noticia en primera página. El Perú entero se estremeció.
El Ing. Gustavo Mohme Llona, director del diario, transmitió la información a las autoridades del Ministerio Público. De ese modo, se conformó una comisión mixta de fiscales, médicos y policías, que viajaron a la zona. Estaba el Dr. Feliciano Valdez, Jefe de  la Morgue de Lima, su adjunta la Dra. Rosa Quiroz; por el Ministerio Público estuvo el Dr. José Mejía Chuara y el secretario general, Fernando Olivera, así como peritos en criminalística y balística.
De ese modo, el 24 de agosto de 1984 se procedió a la exhumación de los cuerpos que se encontraban casi al borde del río Mantaro, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Huanta. Había siete fosas donde habían enterrado cincuenta cuerpos de humildes campesinos.
Todas las víctimas estaban desnudas, con claras muestras de tortura, y presentaban herida de bala en la cabeza. Al parecer habían sido victimados al pie de la fosa que antes las propias víctimas habían cavado obligados por los militares.
El juez que en un primer momento iba disponer la exhumación fue Juan Flores quien vio también el caso Uchuraccay, pero al desplazarse al lugar se accidentó y se frustró esta diligencia obligando a designar otro juez, en este caso el Dr. Rolando Quesada Chunga.
Algunos diarios, por decisión de sus editores en Lima, subieron la cifra a 89 muertos cuando en realidad fueron 50.
Las fotos del desentierro, en un primer momento, fueron decomisadas por el entonces secretario general del Ministerio Público, Fernando Olivera Vega, que sostuvo el caso era de seguridad de estado, sin embargo varias de las tomas aparecieron en una revista limeña.
Muchos años después, el testigo presencial del entierro de las víctimas se animó a dar su declaración a la Comisión de la Verdad, pero por falta de recursos no pudo viajar a Lima y se perdió esa oportunidad de conocer más detalles de este terrible caso.

(Foto: Caretas)
(Fuente: http://portalperu.pe/)

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