Por Pedro Arrojo Agudo
Ante las preocupantes noticias que me llegan desde Perú
sobre el conflicto de Conga, me siento en la obligación moral de enviar esta
carta abierta al Gobierno.
Sr. Presidente Humala
Hace poco, tuve el honor de presidir la Misión Internacional
de Observación que dio seguimiento a la Gran Marcha Nacional por el Derecho al
Agua en Perú. Tanto el informe general, como los informes técnicos, que fueron
publicados en su momento, recogieron nuestras valoraciones y recomendaciones
sobre los graves conflictos que motivaron dicha Marcha, y muy particularmente
sobre el conflicto de Conga. Me apena profundamente constatar que, al menos
hasta la fecha, su Gobierno, no sólo haya ignorado estos informes, sino que
parezca decidido a imponer de forma autoritaria la realización del citado
proyecto, en lugar de abrir ese Gran Diálogo Nacional por el Derecho Humano al
Agua, que desde la Comisión recomendamos.
Tal y como constatan nuestros informes, resulta evidente que
existe una firme oposición al proyecto de Conga, tanto a nivel social como
institucional. Una oposición que está sólidamente argumentada sobre el desastre
socio-ambiental que ha supuesto la minería a cielo abierto en la región durante
las dos últimas décadas, y por los informes técnicos que la Comisión avaló.
Tal y como demuestran los informes técnicos del Ingeniero
Robert Morán y del Doctor en hidrogeología D. Javier Lambán, el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) de Conga, que hizo la empresa Yanacocha, no reúne las
mínimas condiciones de referencia a nivel internacional para ser considerado
válido. El hecho de que su propio Gobierno haya reconocido lo que el Doctor
Lambán certifica – que en el EIA no existe propiamente un estudio
hidrogeológico – sería suficiente para que cualquier tribunal lo invalidara.
En el informe económico-financiero, que yo mismo coordiné,
insistí en que caracterizar al Perú como un “país minero” constituye un grave
error estratégico, pues equivale a considerarlo como un país con fecha de
caducidad. Sin embargo, la minería apenas representa el 5% del Producto
Interior Bruto y poco más del 1% del trabajo de la población activa.
Afortunadamente, Perú es un gran país, rico por su diversidad en todos los
sentidos, y particularmente por su diversidad productiva, cultural y biológica.
Es fundamental escuchar y dialogar con esa abrumadora mayoría de peruanos y
peruanas que, ni son mineros, ni quieren serlo. Y no para cerrar la minería,
que sin duda puede y debe aportar al país riquezas que deben aprovecharse, sino
para diseñar un futuro de consenso en el que el sector minero no aplaste e
hipoteque para siempre la salud y la vitalidad del país, como ya ha ocurrido,
de hecho, en multitud de cuencas, tanto en Cajamarca como en otras regiones,
con la destrucción de lagunas, acuíferos y humedales, y los miles de pasivos
ambientales que contaminan las cabeceras fluviales.
Pero, más allá de estos argumentos, me preocupa el riesgo de
que se quiebre la esperanza política de millones de peruanos, y muy
particularmente en regiones como Cajamarca, que depositaron su esperanza en el
Presidente Humala; porque ello pondría en peligro, una vez más, la democracia
en Perú. Me preocupa que el escrupuloso respeto al derecho de manifestación que
el Gobierno mantuvo durante la impresionante Marcha Nacional del Agua, y el
riguroso carácter no-violento que las Rondas Campesinas y los organizadores
garantizaron, se quiebre ahora por una aplicación equivocada del “Principio de
Autoridad”. Las detenciones y amenazas sobre dirigentes sociales, como el Padre
Marco Arana, y el despliegue masivo del ejército y la policía en la Región de
Cajamarca me hacen temer lo peor. Si el Gobierno desata la violencia, en lugar
de perseverar en el diálogo, no tengo duda de que todos, incluido el propio
Gobierno, lo lamentaremos.
Pedro Arrojo Agudo
Profesor Emérito del Dpto. de Análisis de la Universidad de
Zaragoza
Coordinador de la Misión Internacional de Seguimiento de la
Marcha Nacional del Agua
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