DECLARACIÓN PUBLICA FRENTE A LA
SITUACION DE CONFLICTOS EN CAJAMARCA, PERÚ
Que reconocemos el derecho de las
comunidades a cuestionar y rechazar el proyecto CONGA pues este pone en riesgo
sistemas hídricos y cuencas vitales para el abastecimiento de agua y la
conservación de los ecosistemas de los que depende una parte importante de la
población especialmente, aunque no exclusivamente rural y campesina.
Que los antecedentes y análisis
técnicos del proyecto indican que no se ha asegurado que no afectará la calidad
y cantidad de agua y por tanto los ecosistemas y poblaciones que de ellos
dependen.
Que el gobierno del Perú,
contrario a las promesas y compromisos asumidos con la región de Cajamarca se
muestra ahora dispuesto a imponer dicho proyecto, ignorando el pedido de la
población y los innumerables argumentos técnicos ambientales y sociales que
indican que los efectos serán enormes e irreversibles condenando a la región a
una catástrofe ambiental como se ha conocido en otros proyectos mineros tanto
en la región como en el mundo.
Que la protección del agua debe
anteponerse a cualquier tipo de proyecto minero para garantizar la
sobrevivencia y soberanía alimentaria del pueblo peruano habitante en la zona
de conflicto.
Que la imposición del estado de
emergencia en 4 zonas del país donde se desarrolla el conflicto no contribuye a
una solución racional, pacífica y sostenible del mismo y que por el contrario,
incrementa la confrontación, disminuyendo ostensiblemente las vías de salida
democrática y participativa del conflicto.
Hacemos un llamado a las
autoridades:
A reconocer que la empresa
Newmont que opera en la zona ha impactado y alterado los sistemas hídricos
locales y ha destruído la laguna Yanacocha. Por tanto, reconocer que ha quedado
de manifiesto que la compatibilidad entre minería y desarrollo sustentable no
es real, debido entre otras cosas a la práctica cotidiana de destrucción
ambiental, social y cultural que ha generado permanentes conflictos en estos
años de operación en Cajamarca.
A respetar la voluntad de la
mayoría de la población, a implementar un plan que permita la solución real del
conflicto y que prioricen la sustentabilidad de las actividades productivas
comprometidas, en lugar de la destrucción masiva de ecosistemas de vital valor
para la región.
A respetar los canales
democráticos y ante todo, los derechos humanos además de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, garantizando la
integridad de las personas y el respeto al derecho de expresión y rechazo a
quienes se encuentran defendiendo sus legítimos derechos.
A promover diálogos reales, honestos,
transparentes y comprometidos, con los diferentes actores del conflicto, en la
búsqueda de una real solución, resolviendo los problemas de fondo y asegurando
la vida y los derechos de las comunidades afectadas y las poblaciones opuestas
al emprendimiento minero.
Llamamos también a las
organizaciones de la sociedad civil a aunar esfuerzos para exigir el respeto a
los derechos de las comunidades afectadas que son parte del conflicto, a
comprometer su accionar en el desarrollo genuino de la región y a defender a
las comunidades frente a cualquier atropello a su integridad y sus derechos.
Observatorio de Conflictos
Mineros de América Latina OCMAL
5 de diciembre de 2011
Cesar Padilla
Coordinador
OBSERVATORIO DE CONFLICTOS
MINEROS DE AMÉRICA LATINA - OCMAL
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