La República, Domingo, 05 de febrero de 2012 | 5:00 am
Conga ha pasado a engrosar la larga lista de conflictos
emblemáticos vinculados a la minería que han sacudido el país cada cierto
tiempo. Tambogrande el 2002; Quilish 2004, Conga 2006, Majaz 2007, Puno, Tía
María, el 2011, etc. Cada caso aportó lo suyo al debate sobre la problemática
minera.
¿Por qué Conga se ha
convertido en un caso emblemático?
Porque resume lo que no funciona desde hace un buen tiempo
en la relación minería, comunidades y ambiente en el país: estrategias erradas
desde las empresas y políticas públicas desfasadas y una clamorosa ausencia de
voluntad política para modificar esa relación.
Conga muestra que los instrumentos de certificación
ambiental no funcionan: los estudios de impacto ambiental están desfasados; no
se renuevan desde hace 20 años. El informe del Ministerio del Ambiente desnudó
las debilidades del EIA Conga y hoy en día ya casi nadie se atreve a defender
el proyecto tal y como fue aprobado.
Conga también ha puesto nuevamente en evidencia que el
Ministerio de Energía y Minas no puede seguir siendo juez y parte y que el
Ministerio del Ambiente debe convertirse en una verdadera autoridad y dejar de
estar pintado en la pared.
Conga ha abierto toda una reflexión sobre cómo se deben
manejar los bienes públicos en el país. Bienes públicos, de libre acceso, como
en este caso es un sistema de lagunas, ¿pueden ser remplazados, así de simple,
por reservorios que van a ser manejados por una empresa privada? ¿Se puede
permitir que humedales desaparezcan y con ellos los servicios ambientales que
prestan? ¿Una empresa debe decidir cuál es la zona de influencia de un
proyecto? ¿Esa no debería ser tarea del Estado? Todos son temas para la
reflexión.
Conga también ha puesto en agenda la necesidad que el país
defina una política hídrica. Las cabeceras de cuenca son reconocidas por la Ley
de Recursos Hídricos como zonas ambientalmente vulnerables, que deben ser
protegidas, pudiendo inclusive declararse su intangibilidad. ¿Se hace lo que
dice la ley?
Conga también pasará a la historia como el primer caso de un
conflicto minero que, en el Perú y en América Latina, se trajo abajo a todo un
gabinete y significó el giro en la orientación política del gobierno. Años de
conflicto minero nos enseñan que no hay un solo remedio milagroso. Un conjunto
de reformas son necesarias para canalizar los conflictos por vías
institucionales y democráticas: gestión ambiental transectorial y
descentralizada; ordenamiento territorial; consulta e información oportuna para
las poblaciones y las autoridades locales; transparencia en la toma de
decisiones; protección de fuentes de agua; mecanismos de regulación pública que
permitan una efectiva presencia del Estado en las regiones, son algunos
componentes de esta reforma. Estas pistas de políticas públicas ya se implementan
en los principales países que tienen una actividad minera importante.
La marcha que viene desde Conga y las lagunas a la capital
coloca estos temas en agenda. Si no se producen cambios, la lista de conflictos
seguirá creciendo y los peruanos ya hemos perdido el derecho a sorprendernos.
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