El Estado: ¿Ausente o ajeno?.

                   José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú)

        La prescindencia del Estado le ha costado mucho al país por la violencia generada, las vidas perdidas y la inversión frustrada.

(Diego García Sayán, ”Falso antagonismo”, en La República, 18/11/2011, p. 15)

Desde la década de los 90 del siglo pasado en el Perú, para “criticar” el proceso de privatización de los bienes y servicios del Estado y entregar su usufructo a los empresarios privados de aquí y de allende los mares, se ha manejado una terminología totalmente ajena a la existencia del Estado como una institución al servicio de quienes son los dueños de los medios de producción y, por lo tanto, manejan el orden militar, jurídico, político y cultural en su más amplio espectro, incluidos los medios de comunicación.  Han entendido la frase “achicar el Estado”, de los neoliberales, como el “retiro del Estado” de una parte de la sociedad y del territorio nacional, confundiendo la mayor concentración de la riqueza y, por ende, del poder, en unos cuantos monopolios nacionales y  extranjeros, con el supuesto retiro como órgano de poder en todo el territorio nacional.

En la misma década, siguiendo al pie de la letra la terminología del Banco Mundial y de sus corifeos bien remunerados, no era raro escuchar y leer aquí y allá los pedidos, muy bien intencionados en ciertos casos, de promover y “consensuar” “política de Estado” para que “perduren en el tiempo”, como si las políticas neoliberales aplicadas no fueran del Estado imperante y para que perduren ad infinitum, si es que nuevas circunstancias o la lucha de las masas no obligarían a producir cambios, muy a pesar de los que Carlos Malpica denominara los dueños del poder.

El jurista peruano Diego García Sayán, Presidente actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en San José de Costa Rica, esgrime la misma tesis de “llevar el Estado” hacia las comunidades más alejadas como un mecanismo para resolver el “falso antagonismo” entre la gran minería y la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente que los pueblos vienen ejerciendo con toda justicia.

El Estado no está ausente en ninguna comunidad

Ni las personas más pobres de las comunidades más alejadas en el Perú están excluidas de tributar al Estado por el consumo de bienes y servicios, aun cuando el Estado no retribuye, como debe ser, dichas contribuciones.

En el pasado, el Estado del Perú republicano, a través de sus fuerzas represivas, realizaba verdaderas correrías en los lugares más alejados de costa, sierra y selva para reclutar adolescentes para el  denominado Servicio Militar Obligatorio.  Esa presencia del Estado era no solamente permanente, sino abusiva, pues no ocurría igual para los adolescentes de los barrios privilegiados de las ciudades más importantes del país.

La Ley de la Conscripción Vial impuesta por el régimen oligárquico de Augusto B. Leguía (1919 – 1930) obligaba al más humilde campesino de la más humilde aldea del Ande o de la Selva a trabajar sin remuneración alguna a favor del “señor gobierno”.

Retrocediendo más aún, durante la formación y la consolidación del Estado colonial impuesto por la conquista española, curas doctrineros, cuyo papel en el proceso de la conquista es de sobra conocido, se encargaron de imponer la nueva ideología y las nuevas obligaciones de los conquistados en beneficio del nuevo Estado; y los alguaciles y caciques, bajo la autoridad del Virrey, recababan el abusivo impuesto para el Estado español y la alta burocracia virreinal. Lugares tan alejados como los ríos amazónicos no estuvieron al margen de la acción del nuevo Estado colonial con el objetivo real de imponer la nueva cultura y las condiciones de explotación del nuevo poder Estatal.

Pero volvamos a los últimos 20 años, tiempo en el cual el neoliberalismo nos trajo su doctrina de la globalización que esparce “beneficios” por doquier a través del “sagrado” laissez faire. El Estado neoliberal entregó los renglones más rentables de los bienes y servicios del Estado peruano y aprobó nuevas normas constitucionales de las otras para que la educación y la salud fuesen también rentables para los inversionistas.

Las condiciones establecidas para la explotación de los recursos naturales, inamovibles hasta el día de hoy, son las del Estado peruano y están permitiendo que las transnacionales estén presentes en todos los lugares donde haya riqueza que explotar.  Con las empresas de la minería y del petróleo van también  los policías para reprimir cualquier protesta que ponga en peligro las inversiones; y están los jueces y fiscales para juzgar a los “revoltosos” que “se oponen al progreso”.

El Estado, pues, se presenta en el más alejado cerro y hasta en la vida misma de los campesinos, algunos de los cuales, a lo mucho, podrán trabajar en la mina hasta el día en que esta se cierre luego de agotado el recurso y depredado el medio ambiente en su conjunto.

No olvidemos que el Estado neoliberal bajo el régimen fujimontesinista llegó hasta la vida de no menos de 300 mil ciudadanos pobres a quienes se les quitó, compulsivamente,  la capacidad de procrear a  efecto de “reducir la pobreza” en el Perú.  ¿No es este hecho presencia real, y hasta macabra, del Estado?.

El hecho de que el Estado peruano republicano no haya sido beneficioso para la gran mayoría de la población no significa que haya estado ausente.  Tenemos un Estado cuya presencia omnímoda solo favorece a los que concentran el poder económico y político, no solamente en el poder central, sino, inclusive, en los ámbitos del poder regional y local.

El poder del Estado en Cajamarca, Ancash, Huancavelica, Puno, Cusco.

Se votó por el candidato Ollanta Humala para que el Estado peruano tenga una presencia adecuada y  justa en todo el Perú.  Pero el nuevo presidente ha decidido “equilibrar” el valor del oro y del agua, es decir, de los grandes mineros y de la población.  Conga es un símbolo de ese inexistente equilibrio.  Es la representación de todos los confines del país bajo el dominio de un Estado ajeno y entregado a los nuevos conquistadores del Perú.

Nadine Heredia nos quiere decir, con su información furtiva, que algo puede resolver el Estado mediante su buena voluntad como esposa del Presidente.  Se equivoca.  El oro pesa más que el agua, como pesan más el cobre, el hierro y el petróleo; como pesan también las inversiones para los negocios rápidos y más rentables, en términos de dólares y euros, que la agricultura para la vida de millones de peruanos.

¿No hay antagonismo entre el oro y el agua?  Quien afirma eso ya optó por el oro, como Pizarro hace más de 500 años cuando decidió quitar la vida a Atahualpa para seguir saqueando el oro del Perú. 

Lima, noviembre 20 del 2011