Yanacocha y los conflictos
sociales en Cajamarca[1]
Por: Reinhard Seifert[2]
Durante la década de 1990, las grandes corporaciones internacionales
mineras se instalan en el Perú con el apoyo legal y político del gobierno
dictatorial de Fujimori. A pesar del boom minero actual, con tendencia a
expandirse los próximos años, el impacto en la salud y el medio ambiente de las
poblaciones donde se realizan las operaciones es inmenso. Los efectos en la
ecología también son considerables. De 1994 hasta 2004, en Cajamarca se ha constatado la muerte de truchas,
en especial en los ríos Rejo y Llaucano; la existencia de aguas ácidas en el
río Grande; la presencia de metales pesados (arsénico y cadmio) por encima de
los niveles máximos permitidos por la Organización Mundial
de la Salud en
los ríos Porcón y Grande, y la aparición de mercurio en las cañerías de agua potable de la
ciudad de Cajamarca[3].
Todos estos ríos son afluentes de la prospección minera de la
trasnacional Newmont Corp.(Yanacocha).
Newmont Mining Corporation, con sede en Denver, Colorado, Estados
Unidos, es la empresa extractora de oro más grande que se haya conocido. En Indonesia,
en diciembre de 2004, fue denunciada por la contaminación de las aguas por mercurio;
también en Estados Unidos por daños ecológicos en el Estado de Nevada, y por el
derrame de mercurio en Choropampa ocurrido el 2 de junio de 2000, que afectó la
salud de más de 1500 personas.
LA CORRUPCIÓN
Cajamarca, una ciudad antes apacible como muchas ciudades serranas del
país, pero con una débil institucionalidad democrática y un poder local
asentado aun en relaciones patrimoniales, con la llegada de Yanacocha ella entra a un escenario conflictivo. Para
funcionar “legalmente”, las empresas mineras optaron por la compra de
conciencias de muchas personas e instituciones locales, recibiendo a cambio
favores administrativo-legales y permisos de operaciones sin la debida licencia
social. Algunos funcionarios defienden a
la minera con más ahínco que sus propios empleados. Hacen malabares para congraciarse con los corruptores de
Yanacocha, con quienes mantienen lazos muy fuertes, sean ocultos o abiertos.
La red de influencias está muy
bien tejida y pensada. La corrupción y la contaminación van de la mano. Las empresas mineras prefieren “gastar” el dinero
fácil ganado por la alta rentabilidad de los minerales en estos delitos, antes
que invertir en la mitigación de los daños ambientales. Una prueba irrefutable
de la contaminación es que ningún alto directivo de Newmont consume “el agua
potable” de Cajamarca. Mientras tanto, el relevante costo ambiental provocado
por la explotación minera no es reconocido por la empresa.
A pesar de ello, el Estado peruano no hace respetar las leyes que han
sido dictadas para proteger a sus poblaciones, y no realiza un efectivo control
y monitoreo de la actividad minera. Asimismo, está ausente en la defensa de los
derechos ambientales, territoriales y ciudadanos. A esto se agrega una
legislación ambiental obsoleta, dispersa, enmarañada, sin mecanismos
facultativos o vinculantes para casi ningún sector estatal, lo que complica aun
más la situación.
POBREZA VERSUS PROGRESO MINERO
Si bien es cierto que el sector minero aporta con más del 50 por ciento
a las divisas del país, también es verdad que esta enorme cantidad de dinero no
se traduce en desarrollo, no chorrea, no aterriza en las manos del pueblo. La
razón: el capital de Yanacocha está concentrado en la propiedad de los
accionistas estadounidenses -que
invierten en la bolsa- y, en el caso de la empresa minera peruana Buenaventura,
está en manos de un solo propietario: Alberto Benavides de la Quintana. El Banco Mundial
retiene el 5 por ciento.
Según el informe anual de
Newmont, la mina de Yanacocha obtuvo una ganancia neta de 443 millones de
dólares en el año 2004. Sin embargo, en 1994 Cajamarca recibió por concepto de
canon minero S/. 0.10 per cápita/anual (el valor de un pan), y S/. 15.00 en
2000 (equivalente a tres botellas de aceite).
Para el gobierno de Alejandro Toledo, el sector minero es la
“locomotora” del desarrollo regional, pero la realidad y las estadísticas no
respaldan este argumento. Antes del inicio de las operaciones de Yanacocha, el
departamento de Cajamarca se ubicaba en el cuarto lugar en el mapa de la
pobreza. Hoy, sin embargo, a pesar de los centenares de oro que salen de sus
entrañas desde 1993 y de las altas ganancias obtenidas, Cajamarca ha subido al
segundo lugar en sus niveles de pobreza,
según cifras publicadas por el PRONAA y FONCODES en el año 2003.
JUSTICIA Y CONTAMINACIÓN
A pesar de las investigaciones independientes, incluyendo una auditoria
internacional (2003) que confirma los daños ecológicos y la contaminación ambiental,
Minera Yanacocha se rehúsa a implementar acciones correctivas y las mejoras
sociales que el pueblo reclama. Asimismo, debido al nivel de corrupción en el
Poder Judicial de Cajamarca, Yanacocha ha frenado iniciativas judiciales en su
contra. Por ejemplo, el
caso penal por el derrame de mercurio en Choropampa ha terminado con una
sentencia culpando al chofer del camión, Esteban Bar, y al ex alcalde de esa localidad,
Lot Saavedra.
En Cajamarca no ha prosperado ningún caso de denuncia legal sobre
contaminación minera. Los tres casos conocidos fueron arbitrariamente
archivados por el Ministerio Público[4].De esta manera, ninguna corte judicial se
pronuncia y hace efectivo el concepto “el que contamina paga”, amparado por la
ley internacional. Este Estado que defiende los intereses de los poderosos es
incapaz de ejercer su rol fiscalizador y constitucional, y está muy lejos de
ser un estado democrático por el que se luchó tanto.
Las personas afectadas por Minera Yanacocha en Cajamarca exigen una
reparación civil por el daño producido. En 2003, se presentó la auditoria
internacional de INGETEC S.A. , financiada por Naciones Unidas, pero
lamentablemente sus recomendaciones (casi trescientas en total), que tienen
efecto vinculante, hasta la fecha no son asumidas por la justicia formal o
legal. En otras palabras, a pesar de la evidencia de la contaminación minera,
no hay una sola sentencia que obligue a la empresa a reparar en algo los daños
producidos.
Ante la ausencia del Estado, la empresa minera actúa con total impunidad
y promueve la idea de que la contaminación es pura especulación. Sus
relacionistas públicos la presentan como una minería inocua. A la vez,
intimidan y amenazan con juicios a los dirigentes populares que protestan
contra sus atropellos, desarrollando una estrategia de división de la población
afectada.
Para cimentar su presencia en
Cajamarca, Minera Yanacocha propicia una tenaz persecución judicial, con
amenazas de muerte a familiares, a lideres ambientales y al Frente de Defensa. En este caso, la justicia cajamarquina sí
cumple rápido y fielmente el libreto elaborado por la empresa para amedrentar a
los dirigentes, y cuando le conviene mantiene la amenaza judicial como una
suerte de espada de Damocles. El Ministerio Público es incapaz hasta ahora de
dictaminar un fallo respecto del acuífero Cerro Quilish, pero simultáneamente
más de cincuenta lideres que protestaban contra los maltratos, los abusos, la
corrupción y la contaminación son denunciados por los delitos penales, entre otros,
de hurto agravado, interrupción de los servicios públicos y contra el
patrimonio, el cuerpo y la salud en agravio de Minera Yanacocha. Solamente el autor de esta nota tiene en su haber
cinco juicios penales.
Nada de casual tienen tampoco las acostumbradas campañas –de corte
sicosocial- de difamación y calumnias (terroristas, ultras izquierdistas,
narcos, etcétera) contra dirigentes sociales rectos y honestos,
que son orquestadas, elaboradas y coordinadas en las altas esferas gerenciales
de las empresas mineras y de los gremios mineros nacionales.
LAS LUCHAS Y LAS MESAS DE DIÁLOGO
Muchas poblaciones afectadas por la minería, por ejemplo los
departamentos de Cajamarca y Cuzco, se han movilizado para defender la vida, el
agua y a sus generaciones venideras. Reclamos sustentados y protestas justas
que deberían ser atendidos y canalizados a tiempo, son sofocados a sangre y
fuego por las fuerzas represivas del Estado al servicio de las trasnacionales,
cerrando abruptamente un posible espacio de diálogo democrático con el pueblo.
Ante esta situación, el Frente de Defensa de Cajamarca ha reaccionado
con altura y dignidad en muchas ocasiones. Durante dos años (2003 y 2004)
realizó vigilias permanentes y denuncias sensibilizando a la empresa y al
Estado. A partir del año 1993
ha organizado grandes movilizaciones y marchas en
defensa del futuro de Cajamarca, recibiendo el respaldo unánime del pueblo. La más grande fue la movilización del 15 de
septiembre de 2004 en defensa del acuífero Cerro Quilish, que congregó a más de
50 mil personas en la histórica Plaza de Armas de Cajamarca. Desde allí se
proclamó que el desarrollo pasa por la agricultura, la ganadería, el turismo y
por la minería responsable sin contaminación.
A pesar de todo, la población exige una convivencia más civilizada con
la compañía. En esta lógica hay que entender la importancia de la instalación
de una nueva mesa de diálogo (abril 2005) producto de la movilización, pero que
lamentablemente no funciona en la actualidad. Los caseríos y campesinos
afectados por la actividad minera observan con incredulidad la actitud cínica
de Yanacocha. Grandes y mayoritarios sectores de la sociedad civil organizada
desconfían de ella, con razón, porque no cumple los acuerdos ni sus
ofrecimientos.
La empresa controla casi la
totalidad del poder local. El
control incluye al gobierno regional, a muchos municipios, a algunos sectores
de la sociedad civil (un grupo de la Iglesia Católica), a ciertos
dirigentes campesinos, a las autoridades políticas, a la PNP y Seguridad del Estado, a
la prensa local, a las ONG, entre otros. Esto hace que en Cajamarca sea
prácticamente imposible proyectar una demanda legal o que las justas demandas
sociales sean canalizadas con éxito. Yanacocha emplea con sueldos
extraordinarios y sin concurso público alguno a familiares de autoridades
estatales. Así callan a muchos.
Otros impactos sociales negativos de la minería en la sociedad
cajamarquina son el aumento del costo de vida, la violencia, la prostitución
callejera y la delincuencia generalizada. Los mayores gastos para atender
problemas de salud relacionados con la contaminación son cubiertos en su
totalidad por la sociedad cajamarquina, que antes de la llegada de la mina ya
se encontraba en paupérrimas condiciones. Los economistas lo llaman los costos
de la exterioridad.
En vista que la población no recibe una compensación por los daños
ecológicos y económicos, y que la empresa no contribuye significativamente al
desarrollo sostenible de Cajamarca, su presencia resulta negativa. Además, no
se conoce ninguna obra de impacto social en más de diez años de explotación
minera en expansión. Con justa razón entonces la población se pregunta: “¿después
de veinte años de actividad extractiva qué queda para el desarrollo de la región?”.
En este contexto político,
económico y social, con leyes favorables a las trasnacionales mineras, los
denuncios mineros abarcan aproximadamente el 70 por ciento del territorio
departamental. Los conflictos sociales – síndrome Quilish- por la falta de
licencia social ya han comenzado, y se
extenderán en los próximos años.
LA PROPUESTA
Estamos convencidos de que
tenemos que emprender una campaña en Estados Unidos a favor de la causa del
pueblo, y explicarles en su propia sede en Denver el terrible daño ambiental y
social que está causando en Cajamarca la empresa minera Newmont Mining
Corporation.
La lucha contra la contaminación de las trasnacionales mineras va ligada
a la lucha contra las trasnacionales que quieren apropiarse de las aguas del
país. Algunos estudiosos de los fenómenos climáticos afirman que las futuras
guerras serán por el acceso al agua potable.
Estamos buscando una nueva relación de poder –de igual a igual- en la
toma de decisiones, sin intermediarios corruptos. Una relación horizontal que
no ponga en riesgo nuestro porvenir cercano, ni el de nuestros hijos y nietos.
Creemos que esto es posible, siempre y cuando sigamos fortaleciendo la
organización de la sociedad civil.
El triangulo nefasto de poder entre empresa-Estado peruano-prensa
comprada está todavía muy unido y fuerte como para romperlo en el corto plazo[5].
La movilización permanente y la vigilancia social colocará a cada actor
en su real dimensión: una empresa respetuosa, un Estado que haga cumplir las
normas y una prensa que informe verazmente. De todas maneras, estaremos alerta para evitar los abusos
del poder, demostraremos en los hechos los avances en la lucha ambiental y mantendremos
la esperanza de un pueblo que busca el futuro con dignidad y equidad.
[2] Presidente del Frente
Único en Defensa de la Vida,
del Medio Ambiente y los Intereses de Cajamarca. QUEHACER presenta la opinión
de uno de los actores en el conflicto minero. Su interés radica en ser una
versión de parte.
[3] Estudios técnicos de la
empresa Yanacocha, 1994 y 2000; Muestras de agua DESA-Cajamarca,1998;Ministerio
de Salud,2000;Laboratorios SGS-Lima; Environlab - Lima ;Universidad Católica
del Perú,1999-2000; COTECA-Concejo Municipal Cajamarca
,1999-2001;SEDACAJ-Cajamarca,2002;Congreso de la República, Comisión
Investigadora de la Minería,2003,Municipalidad
Provincial de Bambamarca, 2004.
[4] Resolución Fiscal 003-2000, Primera Fiscalía Provincial Penal;
Resolución Fiscal 048-2002, Segunda Fiscalía Prevención de Delito; Resolución
Fiscal 078-2004, Primera Fiscalía
Provincial Penal.
[5] Denuncia presentada ante el Consejo de la Prensa Peruana en marzo de
2004.
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