Gobierno contra el tiempo para resolver conflictos.

Por Javier Soto.

Analistas afirman que equilibrio entre minería y preservación de medio ambiente pasa por nueva demarcación territorial.

El Gobierno está en una verdadera carrera contra el reloj, porque los conflictos sociales no acaban, al parecer por la falta de toma de decisiones expeditivas para resolver los problemas. Por el momento, grupos de sectores radicales de las provincias de Andahuaylas y Chincheros (Apurímac) insisten en proseguir con paralizaciones contra la actividad minera informal, pese a que llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo.

En Cajamarca, las provincias de Celendín y Hualgayoc reafirmaron su decisión de realizar una paralización indefinida de actividades, el próximo 24 de noviembre, para exigir la cancelación definitiva del proyecto minero Conga.

En relación con estos hechos, el analista Sinesio López señaló que el equilibrio entre la explotación minera responsable y la preservación del equilibrio ecológico de las áreas extractivas, pasa necesariamente por la fijación de una nueva demarcación territorial “que defina con precisión las zonas de exclusión absoluta de la actividad minera, y en las que sí puedan operar y en qué condiciones”.

Por su parte, su colega Carlos Reyna manifestó que parte de la solución a la conflictividad social y medioambiental en el Perú pasa por la adecuación del marco institucional que permita al estado peruano encarar con éxito los problemas vinculados a la relación agricultura, agua y minería, en el Perú.

Reyna advirtió también que las instituciones absolutamente centralizadas, con atribuciones completamente concentradas en el gobierno central, no dejan ningún poder de decisión en los gobiernos regionales y locales. “Por ejemplo, en materia medioambiental no existe ninguna autoridad de este rubro que supervise y resuelva directamente los problemas causados por la gran y mediana minería, en la región”, detalló.

Especificó que ello impide una adecuada prevención de los conflictos sociales que puedan causar los eventuales pasivos ambientales y malos manejos de la actividad extractiva minera. “Por eso es que se llega a una situación en que los conflictos siguen sorprendiendo a las autoridades nacionales, ya que las competencias están absolutamente centralizadas en Lima”, anotó.

Otro problema es la falta de autonomía discrecional de la Autoridad Ambiental Autónoma, ya que -anotó- el Ministerio del Ambiente es un organismo absolutamente dependiente del gobierno central. “La autoridad ambiental debe ser autónoma, de un organismo que cuenta con competencias que posee, por ejemplo, la Contraloría General de la República o la Sunat.

Las provincias cajamarquinas de Hualgayoc y Celendín acordaron, desde el pasado viernes, iniciar una huelga indefinida conjunta, el próximo 24 de noviembre, en rechazo al proyecto minero Conga y a sus operaciones emplazadas en las cabeceras de las cuencas acuíferas.

Si bien Hualgayoc tiene su propia plataforma de lucha, como es la exigencia de la intangibilidad de las cuencas del Llaucano y del Pomagón, también dieron un ultimátum a la transnacional minera Yanacocha para que retire sus maquinarias del Proyecto Conga, antes de esa fecha.

En tanto, en Celendín están a la espera de que el presidente Ollanta Humala llegue a esta provincia antes del 24 de noviembre. El alcalde de Huasmín, José Marín, manifestó que la población está decidida a defender sus aguas. “Los acompañaré hasta el final a pesar de las amenazas de muerte que estoy recibiendo”, dijo.

Fuente: El Mercurio.